Los periodistas que cubren las informaciones en el Congreso Nacional denunciaron restricciones a la libertad de prensa, al abordar lo ocurrido durante y luego de la sesión en la que la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa.
De acuerdo con lo manifestado por los profesionales de la prensa acreditada, en junio de este año alertaron del tema mediante una carta que le enviaron tanto al presidente de la Cámara, José Miguel Castro, como al secretario general, Miguel Landeros.
En la misiva, denunciaron “obstrucciones al tránsito, al registro audiovisual y desalojos” durante la acusación contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.
“La situación no solo se repitió, sino que escaló durante la reciente acusación contra el ministro Antonio Ulloa, juez de la Corte de Apelaciones, implicado en el Caso Audios, en donde se investiga un presunto tráfico de influencias, soborno y cohecho que involucra al abogado Luis Hermosilla y sus presuntas comunicaciones indebidas sobre causas judiciales”, plantearon los reporteros en el comunicado que difundieron a través de las redes sociales.
Explicaron que “tanto al inicio de la sesión como al término, cuando Ulloa salió del hemiciclo, los medios de comunicación no pudimos hablar con él dentro del edificio, pues se determinó que no hubiese acceso a la prensa (…) mediante el despliegue del personal de seguridad que lo escoltó hasta el estacionamiento y que bloqueó las puertas para evitar el registro de imágenes, replicando las prácticas ya denunciadas”.
Los profesionales dijeron que mientras el presidente de la Cámara les manifestó no tener conocimiento de dichas restricciones, el secretario general “argumentó que el Congreso no es un espacio público, sino un lugar con función pública donde la Cámara decide unilateralmente qué es accesible y qué no”.
Precedentes preocupantes para la libertad de prensa
“Estas explicaciones contradicen el principio democrático de transparencia: una función pública exige rendición de cuentas y la prensa acreditada es un contrapeso necesario. Blindar a figuras cuestionadas durante acusaciones constitucionales erosiona la confianza pública y establece precedentes preocupantes para el futuro del trabajo periodístico” y la libertad de prensa, plantearon.
En la parte final de la declaración, los reporteros acreditados en el Congreso alertaron que “este retroceso vulnera el artículo 19, numeral 12, de la Constitución -que protege la emisión de opiniones e información sin censura previa ni coacción externa-, respaldado por jurisprudencia de la Corte Suprema que obliga a las autoridades a facilitar el trabajo periodístico y condena limitaciones arbitrarias al acceso a autoridades y funcionarios públicos“.
“Asimismo, ignora el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que rechaza barreras indirectas al acceso a información pública en instituciones estatales”, concluyó.
