El uso de los prefijos 600 y 809 forma parte de la estrategia de trazabilidad digital impulsada por el Gobierno. Su objetivo es que los usuarios tengan certeza sobre el origen de las comunicaciones comerciales, con el fin de evitar estafas o extorsiones.
La implementación de esta normativa está a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), y precisamente ahí radica la tensión con las empresas del retail financiero, es decir, aquellas que ofrecen tarjetas de crédito asociadas a grandes tiendas.
La Asociación de Retail Financiero —que agrupa a compañías como Hites, Lider BCI, Ripley y Falabella, entre otras— presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones para excluir los llamados de cobranza prejudicial de la obligación de usar el prefijo.
¿La razón? El gremio acusa una caída superior al 50% en los intentos de contacto con clientes. La Corte rechazó la solicitud, y el caso escaló ahora a la Corte Suprema, donde se espera un fallo definitivo.
Aumentan los llamados sin prefijo
Mientras se resuelve la controversia, los consumidores denuncian un alza en los llamados que no cumplen con la normativa. De acuerdo con datos de la Subtel, al 7 de noviembre se habían recibido 214 reclamos por no utilizar el prefijo correspondiente.
Las personas afectadas pueden presentar sus reclamos directamente ante la Subtel, pero también cuentan con la opción de acudir al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). En la plataforma “No Molestar”, los usuarios pueden inscribir los números desde los cuales no desean recibir comunicaciones y denunciar el incumplimiento de estas solicitudes.
¿Qué llamados provienen del número 600?
Un punto clave para la Subtel es aclarar el origen de los llamados con prefijo 600. Estos no corresponden únicamente a gestiones de cobranza, sino también a comunicaciones relacionadas con contratos vigentes del usuario: citas médicas, información bancaria o notificaciones de organismos oficiales, entre otros.
De hecho, la autoridad evalúa ampliar el uso del prefijo 600 a ciertos servicios públicos, como los consultorios de salud, con el propósito de reforzar la confianza y trazabilidad de las llamadas.
