La jornada ha sido compleja para Gendarmería. Esta mañana, el Ministerio Público formalizó a una red de corrupción que permitió, entre 2020 y 2025, el ingreso de diversos artículos prohibidos a recintos penitenciarios.
Cerca de 45 personas fueron acusadas de integrar una estructura que, a cambio de dinero, incluso facilitaba el ingreso de visitas no autorizadas a las cárceles. A ello se suma un nuevo informe de la Contraloría General de la República (CGR), publicado ayer, que detectó una serie de irregularidades en el control de drogas al interior de recintos penitenciarios.
La auditoría se realizó en siete cárceles administradas por Gendarmería de Chile, ubicadas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador General Bernardo O’Higgins, y abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2025.
“Gendarmería de Chile deberá instruir un sumario administrativo y, en lo sucesivo, garantizar que las denuncias sean oportunas. Además, deberá acreditar el envío al Ministerio Público de todos los antecedentes que respaldan los partes de denuncia de los casos observados, como asimismo que realizó las diligencias ante dicho ministerio en aquellos casos en que posteriormente entregó las sustancias al servicio de salud. Todo ello deberá cumplirse en un plazo de 60 días hábiles”, señaló el organismo fiscalizador.
En el informe —de 80 páginas— la entidad encabezada por Dorothy Pérez entregó antecedentes particularmente preocupantes: de un total de 1.539 internos involucrados en eventos de tenencia o consumo de drogas, ninguno recibió sanciones disciplinarias.
“Asimismo, se comprobó que 507 funcionarios involucrados en hallazgos de drogas no fueron sancionados, al igual que 397 visitantes que ingresaron a recintos penitenciarios pese a mantener prohibición para hacerlo, vulnerando lo dispuesto en los artículos 57, 78 y 81 del decreto N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia”, añade el reporte.
El control de estupefacientes en recintos penales establece que, ante cualquier incautación, la droga debe ser entregada al servicio de salud correspondiente, procedimiento que en numerosos casos no se cumplió. En el centro penitenciario de San Antonio, por ejemplo, se constató que 124 cadenas de custodia con sustancias ilícitas incautadas no fueron entregadas al Servicio de Salud Valparaíso–San Antonio dentro del plazo legal, registrándose casos con más de tres años de almacenamiento.
Asimismo, se identificaron 9.002 formularios de cadena de custodia, correspondientes a 54 recintos penitenciarios, en los que la entrega de drogas al servicio de salud se realizó fuera del plazo legal de 24 horas, incumpliendo lo establecido en el artículo 41 de la Ley N° 20.000.
Falencias en la custodia
Aún más grave resulta que parte de los estupefacientes simplemente desaparecieron. La auditoría acreditó 105 cadenas de custodia, pero en 76 de ellas se detectaron diferencias de peso entre lo consignado en la prueba de campo y lo efectivamente entregado al servicio de salud.
Como ejemplo, el informe señala que en uno de los casos el acta indicaba la incautación de 38 gramos de pasta base de cocaína, mientras que el servicio de salud solo recepcionó 8,5 gramos, equivalente a un 22% de lo incautado.
“La entidad deberá acreditar las 19 cadenas de custodia pendientes y aclarar el motivo por el cual, en los 76 casos, se produjeron diferencias en la entrega de la sustancia ilícita al servicio de salud respectivo, todo ello dentro del plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe”, señala Contraloría.
Indagatorias en el norte
La auditoría incluyó otros dos procesos. Uno de ellos se desarrolló en la Región de Antofagasta —para el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de julio de 2025—, donde se constató la pérdida de 567 formularios de cadena de custodia de drogas. Además, ninguna de las incautaciones asociadas a dichos formularios figura en la base de datos del Servicio de Salud de Antofagasta.
Las faltas se repiten: ausencia de documentación de respaldo, falta de entrega oportuna de antecedentes al Ministerio Público y sustancias ilícitas que, tras ser incautadas, no fueron entregadas al servicio de salud.
El tercer informe corresponde a establecimientos de Gendarmería en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de julio de 2025.
En este caso, se perdieron 201 formularios de custodia de drogas. Además, se detectaron 87 formularios vinculados principalmente a hallazgos de pasta base, marihuana y cocaína, asociados a 33 denuncias respecto de las cuales el Ministerio Público solicitó antecedentes complementarios que no fueron entregados. También se identificaron 94 formularios cuya entrega al servicio de salud se realizó fuera del plazo legal de 24 horas, entre otras irregularidades.
