A raíz de las falencias en los controles de bienes empeñados que detectó la Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio del Trabajo y Previsión Social solicitó la renuncia del director general de Crédito Prendario (Dicrep), más conocido como la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda Miranda.
De acuerdo con lo informado en el reporte del ente fiscalizador, su trabajo permitió detectar que se empeñaron más de $1.500 millones en bienes, sin que se verificara la procedencia de los mismos.
Desde el ministerio se recordó a través de un comunicado que “el cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP)”, y que Sepúlveda será subrogado desde este mismo lunes por el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso.
El informe de la Contraloría sobre la Tía Rica
El miércoles de la semana pasada, la Contraloría emitió el informe en el que detalló la serie de graves deficiencias que encontraron en el control de operaciones de la ‘Tía Rica’, entre 2023 y 2024.
En el reporte se dejó constancia de que, en ese período, un total de 1.681 personas que cuentan con antecedentes penales empeñaron bienes por más de $1.500 millones, sin que los encargados verificaran la procedencia de las especies.
De igual forma, la CGR indicó que entre las personas que recurrieron a la Tía Rica hubo algunos que lo hicieron hasta 230 veces en un año.
El ente fiscalizador detalló que en 2023 hubo un total de 4.769 usuarios que presentaron transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona, por un total de $7.139 millones.
Añadió que en 2024 la cifra subió a 4.895 usuarios, con operaciones que alcanzaron los $7.290 millones, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona.
Respecto de aquellas personas con antecedentes penales que realizaron operaciones y no recuperaron las especies empeñadas, la Contraloría alertó que la Tía Rica no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes.
La auditoría también evidenció la ausencia de procedimientos básicos para verificar tanto los datos personales, como la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios.
