La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que hay falta de evidencia para validar estados financieros en 73 entidades públicas, tanto del gobierno central como del sector municipal.
En el segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) se analizaron los estados financieros de dichas entidades entre los años 2020 y 2024, donde se detectó que el 100% de los casos revisados se emitió “abstención de opinión”. Lo anterior, significa que no se pudo confirmar la razonabilidad de las cifras que presentaron las instituciones que se fiscalizaron.
De acuerdo a Contraloría, “este resultado se debe a que los auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde los saldos contables, principalmente por debilidades en los controles internos, inconsistencias en registros contables y falta de análisis que sustente las cifras reportadas”.
El desorden financiero que Contraloría detectó en 73 entidades públicas
Durante el período mencionado, el ente fiscalizador revisó 50 instituciones del gobierno central y 23 del sector municipal. En todos los casos se aplicó la abstención debido a situaciones como falta de análisis de la entidad fiscalizada que explique y sustente sus saldos contables, controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas, y debilidad en los controles generales de tecnología de la información sobre los sistemas informáticos contables y/o de operación.
En este marco, la CGR detalló que en total son $15,9 billones de recursos involucrados, de los cuales un 91% corresponde al gobierno central y el 9% restante al sector municipal.
Respecto a los ministerios que lideran los recursos objetados en la “abstención de opinión”, estos son: Defensa ($4.203 millones), Vivienda ($1.720 millones) e Interior ($1.613 millones).
Producto de lo anterior, Contraloría dispuso acciones disciplinarias, incluyendo 27 sumarios, 10 procedimientos internos y 10 remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
“Este escenario refleja riesgos significativos en la gestión financiera y la transparencia de las entidades públicas, afectando la confianza y la toma de decisiones estratégicas”, expusieron desde el organismo.
