La Contraloría General de la República (CGR), quien está liderada por Dorothy Pérez, ha tomado gran protagonismo este año con varios golpes y lapidarios informes que han revelado despilfarro de recursos del Estado y trabajo desprolijo en diversas instituciones.
Desde que inició su mandato en el ente fiscalizador en noviembre de 2024, ha destacado por su innovación en las metodologías de rastreo, lo cual la ha alzado como una figura clave, poniendo el foco en la probidad y detección de irregularidades, como fueron por ejemplo, el abuso de licencias médicas.
El Caso Licencias Médicas
En mayo del presente año, Contraloría dio a conocer un informe sobre el uso indebido de las licencias médicas en el sector público.
En detalle, se detectó que más de 25 mil funcionarios viajaron al extranjero mientras estaban con reposo médico. Lo anterior, generó una ola de reacciones y el inicio de una serie de sumarios en contra de los involucrados, considerando el millonario perjuicio fiscal que le ha significado al Estado.
Posteriormente, se develó que un total de 2.892 funcionarios de Carabineros, Fuerzas Armadas, Gendarmería y la PDI también salieron de Chile mientras estaban con licencia médica. Para ello, se realizó un masivo cruce de datos de la PDI respecto a las entradas y salidas del país.
Débil control de Tía Rica y la salida de su director general
A comienzos de este mes, Contraloría puso bajo la lupa a la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), más conocida como “Tía Rica”.
En la fiscalización se detectó un débil control y vulneraciones al sistema de empeños entre 2023 y 2024. Lo anterior, debido a que 1.681 personas con antecedentes penales vigentes usaron el sistema para empeñar especies por un valor total de $1.507 millones, sin que se verificara la procedencia de los mismos.
A pesar de esto, la Tía Rica no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes. La auditoría también evidenció la ausencia de procedimientos básicos para verificar tanto los datos personales, como la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios.
El ente fiscalizador detalló que en 2023 hubo un total de 4.769 usuarios que presentaron transacciones recurrentes, entre 10 y 229 operaciones por persona. Añadió que en 2024 la cifra subió a 4.895 usuarios, y una frecuencia de hasta 230 empeños por persona.
A raíz de estas falencias, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social solicitó la renuncia del director general de la Dicrep, Cristóbal Sepúlveda Miranda el pasado 22 de diciembre. Ahora, quien está a cargo de manera subrogante es Juan Andrés Troncoso.
Desorden financiero en 73 entidades públicas
Esta semana, la Contraloría publicó un nuevo informe, dejando en evidencia un importante desorden financiero en 73 entidades públicas entre el 2020 y 2024.
En ellas se encuentran 50 instituciones del Gobierno Central y 23 del sector municipal, donde se objetaron recursos por más de $15,9 billones.
Respecto a los ministerios que lideran los recursos objetados en la “abstención de opinión”, estos son: Defensa ($4.203 millones), Vivienda ($1.720 millones) e Interior ($1.613 millones).
Tras este informe, se diversificaron las críticas sobre la eficiencia de los recursos públicos y en la oposición ya se activó una ofensiva que corre por dos carriles: el judicial y el político.
En lo judicial, diputados UDI adelantaron que solicitarán la designación de fiscales especiales para investigar eventuales delitos sumándose al anuncio de la Contraloría que informó que ya había puesto los antecedentes a disposición del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Además, abrieron la puerta a eventuales acusaciones constitucionales a ministros encargados de las carteras con problemas, las que podrían concretarse incluso después del cambio de mando, según afirmó Jorge Alessandri a EL DÍNAMO durante la semana.
Ante esto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que “estamos hablando de un informe de la Contraloría, que comprende el período que se inicia el año 2020, antes de que asumiera el nuevo Gobierno”.
Algo a lo que también hizo alusión el Minvu, que atribuyó las observaciones de Contraloría a estados financieros de 2021 o anteriores.
