Luego de 11 jornadas de formalización, este lunes finalizaron en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago los alegatos en el marco de la Operación Apocalipsis, donde 70 personas, entre funcionarios de Gendarmería y civiles, están siendo imputadas por cohecho, soborno y beneficios indebidos a internos.
De acuerdo con lo dispuesto por el tribunal, a las 20:30 horas de este martes 30 de diciembre dará a conocer su resolución respecto de las medidas cautelares, aunque ya determinó un plazo de 300 días para la investigación del caso.
“Creemos que el tribunal ha recibido de nuestra parte un caso sólido, un caso fundado. Tenemos la tranquilidad de haber hecho una investigación acuciosa y es por eso que nosotros esperamos que la resolución acoja esos planteamientos“, manifestó el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.
“Mañana solamente el Tribunal va a dar a conocer su decisión y alguna petición que pueda hacer alguien respecto de alguna cuestión puntual”, añadió el persecutor, a la vez que planteó que “hay diligencias pendientes, hay líneas de investigación, hay sujetos que son de interés para nosotros“.
En todo caso, detalló que “no hay ningún funcionario de Gendarmería hoy día que esté con orden de detención pendiente. Todos los que necesitábamos su detención están en la audiencia”.
Los cargos contra los imputados en la Operación Apocalipsis
A los 70 imputados en la Operación Apocalipsis —47 gendarmes y 23 civiles— se les acusa de los delitos de asociación ilícita, soborno, cohecho y lavado de activos, que les habrían generado ganancias por más de 6.300 millones de pesos.
Según la Fiscalía, los sujetos facilitaban el ingreso de celulares, drogas, alimentos y bebidas alcohólicas a distintos centros penitenciarios del país, a cambio de grandes sumas de dinero.
Respecto de la formalización, el fiscal Pastén planteó que durante todo el proceso no se vulneraron las garantías constitucionales de los imputados, luego de que las defensas de algunos de ellos presentaron un recurso de amparo contra el juez Francisco Ramos, acusándolo de un actuar ilegal y arbitrario.
A la vez, el persecutor adelantó que se pondrá especial atención a los lugares a los que se trasladará a aquellos que queden privados de libertad tras la resolución del tribunal.
Por su parte, los abogados defensores cuestionaron la solidez de la investigación por parte del Ministerio Público y expresaron su confianza en que el tribunal adopte medidas menos gravosas que las solicitadas por la Fiscalía, tras entregar antecedentes personales y familiares para justificar el arresto domiciliario.
A la vez, el persector se refirió al ingreso no autorizado a oficinas donde se desarrolla parte del trabajo investigativo, y planteó que “no existe una vulneración a la prueba ni a la integridad de la prueba que ahí se mantenía“, según determinó el trabajo investigativo de la PDI.
