La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de casos en donde se incumplió con la normativa de inhabilitación para cargos que implican una relación directa y habitual con menores de edad.
De acuerdo al 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC), en 2025 se identificaron a 35 personas que ejercieron o ejercen funcionen con prohibición absoluta para trabajar con niños, niñas o adolescentes, lo que compromete la protección de derechos fundamentales.
Para explicar lo anterior, hay que considerar el Decreto Ley N° 645, de 1925, que regula el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones, que cuenta con dos secciones especiales: “Inhabilitaciones Perpetuas” e “Inhabilitaciones Temporales”. Lo anterior, contempla a quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores.
En este sentido, el ente fiscalizador señaló que toda institución que requiera contratar o designar a una persona para algún empleo, cargo, oficio o profesión que involucre una relación directa y habitual con menores, deberá solicitar la información relativa a “si la persona se encuentra afecta a la inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para desempeñar funciones que impliquen relación directa y habitual con menores”.
Las entidades que mantenían contratos con personas inhabilitadas para trabajar con menores
Bajo este contexto, en el último año se detectaron diversos casos en donde se incumplió dicha normativa, ya que 35 personas inhabilitadas para trabajar con menores estaban contratadas para ejercer funciones públicas, con contacto directo y habitual con menores.
Respecto a las instituciones que tenían contratos con este tipo de personas, se encuentran las municipalidades de El Bosque, Puyehue, Constitución, Nancagua, Quinta de Tilcoco, Valdivia, Los Andes, Tomé, Puerto Montt, San Pedro de la Paz, El Monte, San Pedro de Atacama, Vichuquén, Concepción, La Pintana, Lago Ranco, San Javier, Mariquina, Lumaco, Illapel y Peralillo.
A ellas se suman otras entidades, tales como el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Araucanía, corporación municipal de Deportes de La Pintana, Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins, Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Hospital Clínico Metropolitano El Carmen, corporación municipal San Miguel, SLEP Maule Costa, Corporación Cultural de la Municipalidad de Pichidegua, Corp. Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida, SLEP Valdivia, Corp. Municipal de Desarrollo Social de Nuñoa y SLEP de Atacama.
El informe de Contraloría consigna que, entre 2020 y agosto de 2025, se detectaron 164 casos de personas inhabilitadas para trabajar con menores ejercieron o ejercen cargos con contacto directo y habitual con estos. En total, 72 instituciones del Estado contrataron personas inhabilitadas.
En este marco, el organismo afirmó que el mayor número de cargos estaban relacionados en el ámbito escolar, como profesor, auxiliar de aseo y asistente de la educación.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría instruyó a la entidades involucradas dar inmediato cumplimiento a la normativa. Para ello, se debe considerar la normativa que se refiere a los nombramientos inhábiles, para posteriormente iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y reportar las acciones en un plazo máximo de cinco días hábiles.
