El futuro Hospital del Cáncer es uno de los proyectos más anhelados por el sector público. Se trata de un centro de alta complejidad y última generación que concentrará la atención de pacientes oncológicos y que se emplazará en la comuna de Recoleta, en terrenos del ex Hospital San José, a un costado del Cementerio General.
Sin embargo, su desarrollo no ha estado exento de dificultades. El proyecto se encuentra en evaluación en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) desde junio de 2024 y ha debido enfrentar una extensa tramitación ante diversos organismos públicos, entre ellos el Consejo Nacional de Monumentos (CNM), debido a que parte de las obras impactan edificios y áreas declaradas como patrimonio histórico.
Millonaria inversión
La iniciativa contempla una inversión de US$ 183 millones y considera la construcción de un edificio clínico con una carga ocupacional de hasta 7.940 personas entre pacientes y funcionarios. Incluirá radioterapia, quimioterapia ambulatoria y hospitalización diurna, hematología oncológica, cuidados paliativos y alivio del dolor, atención oncológica especializada en medicina física y rehabilitación, además de psico-oncología y nutriología.
El proyecto contará con 249 camas y se desarrollará en un terreno de 40.500 metros cuadrados, de los cuales 1.866,07 corresponden a la Zona Patrimonial Monumento Histórico Hospital San José. Precisamente este último aspecto ha sido uno de los principales focos de complejidad en la tramitación ambiental.
Aprobación clave
Tras la publicación de una segunda ronda de aclaración y rectificación (Adenda N°2), requerida por distintos servicios públicos, el futuro Hospital del Cáncer ingresó a una etapa decisiva del proceso: la evaluación de conformidad de los organismos involucrados, paso clave para la obtención de su aprobación ambiental.
Entre las exigencias planteadas previamente figuraron la creación de un jardín japonés y la conservación de determinadas especies de arácnidos, lo que abrió un flanco de críticas en torno a la llamada “permisología”.
En este contexto, se solicitó pronunciamiento a siete reparticiones públicas: la Dirección General de Aguas (DGA), la Municipalidad de Independencia, la Seremi de Energía, la Seremi de Salud, la Seremi de Transportes, la Seremi del Ministerio de Obras Públicas y el Consejo Nacional de Monumentos.
El visto bueno de este último organismo era especialmente relevante. Con ese objetivo, el pasado 29 de diciembre el CNM realizó una sesión extraordinaria para analizar el proyecto. Uno de los principales puntos de controversia fue la intervención de un muro colindante con el Cementerio General, así como el rescate de eventuales hallazgos patrimoniales prehispánicos durante las excavaciones y la futura circulación en el sector.
El Consejo se manifestó conforme con la nueva Adenda, aunque dejó una serie de observaciones que deberán cumplirse, entre ellas la forma en que se recuperará el muro intervenido. “Se señala que este caso y sus dificultades se pueden tomar como un aprendizaje”, consignaron los consejeros en acta.
Otro aspecto relevante que quedó despejado fue el eventual impacto vial asociado al funcionamiento del recinto. Según se indicó, el proyecto cuenta con un Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) aprobado, lo que permite descartar efectos adversos significativos en los tiempos de desplazamiento en la zona.
