El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) rechazó este martes los argumentos de la querella que presentaron pobladores de la megatoma de San Antonio, en la que acusan de estafa al ministro Carlos Montes.
Además del titular de Vivienda, la acción judicial presentada por el Movimiento Pobladores Organizados en diciembre pasado apunta también a la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira, y el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme.
De acuerdo con lo detallado en la querella, a todos ellos se les acusa de estafa por impulsar un acuerdo y plan habitacional injustificado y unilateral.
Aquello, luego de que el movimiento sostuvo que negoció un acuerdo con el Estado para tener un espacio digno para un proyecto habitacional en un 100% de los terrenos de la megatoma, aunque el presentado por el Gobierno en diciembre es de solamente de 100 hectáreas.
La respuesta del Minvu a la querella por estafa contra Montes
Este martes, desde el Minvu no solo rechazó la querella por estafa contra el ministro Montes, sino que aseguró que a la fecha ninguna acción judicial “ha sido puesta en conocimiento de ninguna de las instituciones ni personas mencionadas”.
“Rechazamos categóricamente las imputaciones que pretenden atribuir a las autoridades conductas constitutivas de estafa, delito que, conforme a los artículos 467 y siguientes del Código Penal, exige la concurrencia de engaño, error, disposición y perjuicio patrimonial, elementos que no se configuran en este caso”, argumentó la secretaría de Estado.
Junto con afirmar que las autoridades a las que apunta la demanda han actuado “dentro de la legalidad”, desde el ministerio indicaron que “respetamos el derecho de los ciudadanos a recurrir a la justicia y colaboraremos plenamente con las instancias correspondientes para esclarecer los hechos“.
“Fueron las propias cooperativas, sin exclusión, las que de manera formal y a través de las vías regulares establecidas solicitaron el desarrollo del proyecto habitacional en cuestión, con las características que son de público conocimiento”, añadió el Minvu.
“En este marco, el rol de las autoridades ha sido acompañar y gestionar soluciones dentro del marco legal vigente“, concluyó la secretaría de Estado.
