La Fundación Hind Rajab (HRF) presentó una querella criminal ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago para que se investigue y procese en Chile al ex francotirador del Ejército de Israel, Rom Kovtun. La entidad busca sanciones contra el individuo por genocidio además de crímenes de lesa humanidad y de guerra en la Franja de Gaza.
Según la querella, Kovtun, de nacionalidad israelí-ucraniana, se desempeñó como francotirador en el Batallón 424 Shaked de la Brigada Givati, bajo la Brigada Blindada 401, durante las operaciones militares israelíes en Gaza. El documento le atribuye participación en el asedio y destrucción del Hospital Al-Shifa entre marzo y abril de 2024, hechos que habrían provocado una devastación masiva de infraestructura médica y la muerte de civiles, incluidos pacientes y personal sanitario.
La presentación sostiene que el imputado participó en el cerco y control militar del complejo hospitalario, operó desde posiciones de francotirador en sus alrededores, contribuyó a fuego letal sostenido en el perímetro e intervino en acciones que impidieron la evacuación segura de civiles, además de generar condiciones que derivaron en muertes por falta de alimentos, agua, atención médica y acceso humanitario.
Tras la retirada de las fuerzas israelíes, se reportaron fosas comunes y daños severos en el mayor complejo médico de Gaza.
Para la HRF, estos hechos configuran crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, incluyendo ataques contra civiles e instalaciones médicas protegidas. “El ataque y la destrucción de un hospital en funcionamiento durante un asedio militar golpean el núcleo del derecho internacional humanitario”, afirmó Dyab Abou Jahjah, director general de la fundación.
La querella en Chile ante el ex francotirador israelí-ucraniano
La acción judicial fue interpuesta por el abogado chileno Pablo Andrés Araya Zacarías, socio del estudio Silva-Riesco Abogados, en representación de la organización bajo la Ley 20.357, que a su ves apunta al Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI). El escrito invoca el principio de jurisdicción universal, argumentando que este se activa debido a la presencia física de Kovtun en territorio chileno.
Araya sostuvo que Chile, al haber ratificado el Estatuto de Roma e incorporado la Ley 20.357, “tiene la obligación legal de asegurar que los acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no encuentren refugio aquí”, y expresó su confianza en que el tribunal declarará admisible la querella e iniciará la investigación.
