La defensa del ex capitán de Carabineros Patricio Maturana ingresó una solicitud formal de indulto particular ante el Ministerio de Justicia, en una gestión liderada por su abogada Nubia Vivanco.
La acción se concretó pocos días después de que el Presidente José Antonio Kast anunciara la disposición de su gobierno a otorgar este beneficio a uniformados condenados por hechos relacionados con el estallido social.
Maturana cumple una condena de 12 años de prisión efectiva por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, tras el ataque que dejó ciega a la actual senadora Fabiola Campillai. Desde la confirmación de la sentencia, su defensa ha buscado garantizar condiciones de seguridad al interior del recinto penitenciario, considerando su calidad de ex uniformado.
En paralelo, la estrategia judicial incluyó la solicitud de beneficios penitenciarios. A fines de enero, Maturana obtuvo la aprobación de salida dominical por parte de Gendarmería, tras acreditar buen comportamiento. La medida generó un fuerte rechazo por parte de Campillai, quien expresó públicamente que la decisión le provocaba “dolor y angustia”.
La senadora también recurrió a la justicia para intentar revertir el beneficio, presentando un recurso ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo. Sin embargo, el tribunal rechazó su solicitud, validando la legalidad de la decisión adoptada por Gendarmería, lo que fue considerado un respaldo clave por parte de la defensa del ex funcionario.
“Lo primero siempre fue acceder a la salida dominical, apegados a lo que exige la norma y en satisfacción a lo que es la justicia, la reparación y el objetivo virtuoso que es la reinserción social de Patricio Maturana. Para nosotros era relevante que estuviera en condiciones de optar a este beneficio como cualquier otro ciudadano. Todo, siempre con vista a un esperado indulto porque creemos que está absolutamente justificado”, indicó la abogada Vivanco.
Con ese antecedente favorable, Vivanco avanzó en la solicitud de indulto, la cual ahora deberá ser evaluada por la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia.
El caso se instala así en el centro del debate político y público, en medio de la discusión sobre eventuales indultos a uniformados y las tensiones que esto genera entre criterios de justicia, reparación y reinserción.
