El Gobierno de José Antonio Kast revirtió otra medida que adoptó la administración de Gabriel Boric y retiró el veto sustitutivo que el Ejecutivo había presentado al proyecto de Ley Integral de las Personas Mayores, luego de que se aprobara en el Congreso.
Con la reciente acción del Gobierno, la ley quedó lista para ser promulgada.
Bajo este contexto, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, sostuvo que “estamos destrabando un proceso muy esperado que dio lugar a una ley ampliamente consensuada, pero que fue detenido por el veto, que no tuvo mayores avances por parte del Ejecutivo. Al retirarlo, reforzamos nuestra intención de que la ley se ponga en marcha lo antes posible, con el máximo cuidado, dedicación y control de parte de nuestro Ministerio”.
Por medio de un comunicado, desde la cartera adelantaron que la próxima semana la ministra se reunirá con diversas organizaciones sociales vinculadas a las personas mayores, con el objetivo de darles a conocer los alcances de la medida, y el enfoque prioritario que el ministerio le otorgará a la implementación de la ley.
“En un país que envejece aceleradamente, contar con un marco legal moderno es una condición básica para construir políticas públicas sostenibles, inclusivas y equitativas entre generaciones. El reconocimiento digno a las personas mayores no puede esperar. Esta ley también les entrega los medios para que puedan mantenerse activos laboralmente, de acuerdo a sus condiciones particulares, conservando su relacionamiento social y así, combatiendo la sensación de soledad, determinante en su calidad de vida”, agregó la secretaria de Estado.
En qué consiste la Ley Integral de Personas Mayores
De acuerdo al Ministerio, el retiro del veto “permite mantener los beneficios que tiene la ley en materia de protección laboral y modalidades de trabajo flexible para las personas mayores, al reconocer que el trabajo, cuando es voluntario y se desarrolla en condiciones adecuadas, no solo es una fuente de ingresos, sino también un espacio de participación, autonomía y sentido”.
Sumado ello, la iniciativa “permite avanzar hacia una legislación que no solo protege derechos, sino que también combate el edadismo (discriminación por edad), reconoce el valor social y productivo de las personas mayores y habilita las condiciones para su desarrollo laboral”.
La nueva Ley Integral de Personas Mayores contiene 15 derechos específicos para las personas mayores. donde destacan el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez, derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente, acceso a la justicia, derecho a la independencia y a la autonomía, entre otros.
También incluye el fomento del acceso y participación en actividades de carácter cultural, artístico o deportivo, estableciendo cuota de acceso, tarifa rebajada para las personas mayores en estas actividades y sanciones por su contravención.
En otros aspectos de la ley, desde la cartera destacan que “resguarda los derechos de las personas mayores con dependencia, al establecer la definición de abandono social y un nuevo procedimiento en la ley de tribunales de familia, para la aplicación de medidas de protección para personas mayores víctimas de este abandono social, que permitirá actuar con mayor agilidad y entregar un adecuado tratamiento y soluciones programáticas de cuidados más amplias que la sola institucionalización en establecimientos de larga estadía”.
¿Por qué la administración de Boric ingresó un veto sustitutivo?
El pasado 27 de febrero, el ex presidente Boric ingresó un veto sustitutivo a algunos aspectos del proyecto, el cual apuntaba a los artículos 15 y 29.
“El veto responde a un aspecto puntual del proyecto. La ley no puede precarizar de ninguna manera a quienes busca proteger. Nos parece que el artículo que crea un nuevo contrato del trabajador adulto mayor presenta riesgos que pueden afectar su seguridad laboral, permitiendo, por ejemplo, una libre elección horaria que en la práctica implica disponibilidad permanente, o pactos de suspensión sin límites temporales ni causales objetivas, lo que podría dejar a trabajadores mayores sin remuneración, sin cotizaciones y sin indemnización”, dijo la entonces ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro.
Considerando lo anterior, había expuesto que “proponemos igualar el ingreso mínimo de las personas mayores de 65 años al del resto de la población adulta, terminando con una discriminación etaria que no se condice con una ley de envejecimiento digno, activo y saludable”.
