Desde la oposición, precisamente el Partido por la Democracia (PPD), anunciaron que presentarán una reforma constitucional para eliminar la facultad del Presidente de la República de otorgar indultos particulares, en medio de la controversia que ha surgido por la intención de José Antonio Kast de indultar a uniformados condenados por delitos durante el estallido social en 2019.
Bajo este contexto, el diputado Carlos Cuadrado Prats (PPD), quien integra la Comisión de Derechos Humanos, cuestionó el uso de esta herramienta.
“Presentaremos una reforma constitucional para eliminar el indulto presidencial. Las penas deben cumplirse conforme a la ley y a lo que resuelven los tribunales, no evadirse por una decisión arbitraria, política y excepcional”, expuso.
Siguiendo en esa línea, el parlamentario afirmó que “la justicia no puede ser evadida por una puerta lateral ubicada precisamente en el Palacio de La Moneda“, enfatizando que las sentencias judiciales se deben cumplir sin la intervención del Ejecutivo.
El debate por los indultos presidenciales
La propuesta del legislador hace referencia a que no se justifica mantener el indulto presidencial, cuya eliminación permitiría fortalecer la igualdad ante la ley y reafirmar la autonomía del Poder Judicial. Esta iniciativa suprime completamente esta facultad y la mantiene solamente en los casos excepcionales relacionados a la pena de muerte en la justicia militar.
Anteriormente, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, encendió este debate al mostrarse en contra de la figura del indulto presidencial, planteando la necesidad de revisarlo o terminar con esta facultad.
En este marco, el jefe de la bancada de PPD-Independientes, Raúl Soto, enfatizó que en su sector han mantenido una postura crítica respecto a los indultos en diferentes administraciones: “Creemos que debilita el Estado de Derecho y la separación de poderes, ya que permite revisar procesos judiciales por motivaciones políticas y modificar sanciones ya ejecutoriadas”.
La última encuesta Criteria también abordó este tema, donde evidenció que un 45% de la ciudadanía está en desacuerdo con eventuales indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social.
