En un operativo realizado por el OS-9 y el GOPE de Carabineros, siete personas, cinco de ellas funcionarios municipales, fueron detenidas por su presunta participación en una red criminal que vendía licencias de conducir en Isla de Maipo por montos que iban de $400 mil a $500 mil.
La investigación, liderada por la fiscal jefa de Talagante, Tania Sironvalle, junto con la fiscal Gabriela Miranda, reveló que la organización operaba desde 2023 y facilitaba la obtención de licencias de conducir clase B y profesionales sin cumplir con los requisitos legales.
Cómo funcionaba la red de licencias de conducir falsas en Isla de Maipo
Según los antecedentes recabados, los imputados realizaban diversas gestiones ilícitas, como rendir los exámenes teóricos en reemplazo de los interesados, omitir los exámenes prácticos, proporcionar domicilios falsos en la comuna y adelantar las fechas de trámite.
Además, contactaban intermediarios para obtener certificados de estudios o cursos de conducción falsificados y, en algunos casos, eliminaban registros de deudores de pensiones alimenticias para permitir que los interesados pudieran obtener la licencia. Testigos reservados declararon que el valor del trámite ascendía a $400 mil si contaban con certificado de estudios y a $500 mil si no lo tenían.
La fiscal Gabriela Miranda explicó que “tenemos identificado al líder, a los demás funcionarios que participaban y los roles que cumplían cada uno”, mientras que la fiscal Sironvalle precisó que la organización estaba compuesta por alrededor de 12 personas con liderazgos y funciones claramente definidas.
Los imputados enfrentarán cargos por asociación criminal para la comisión de delitos de cohecho agravado, infracciones a la Ley de Tránsito y falsificación de instrumentos públicos, todos en carácter reiterado. La audiencia de control de detención se realizará en el Juzgado de Garantía de Talagante.
En tanto, el alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave Cambara, quien presentó la denuncia hace más de un año, valoró las detenciones y señaló que “se trataba de una empresa criminal que operaba hace muchos años en la comuna”, agregando que los trabajadores involucrados correspondían a funcionarios de contrata y planta municipal.
