La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer una serie de observaciones y presuntas irregularidades en la gestión del Censo de Población y Vivienda 2024, proceso liderado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Las conclusiones forman parte del Informe N°194-2025, documento que fue remitido al Ministerio Público para las acciones que estime pertinentes.
Entre los antecedentes más relevantes, el organismo fiscalizador detectó que 16 personas con condenas por delitos como robo, hurto, estafa, lesiones y tráfico de drogas fueron incorporadas para desempeñar funciones durante el proceso censal.
Escándalo en el Censo 2024: Contraloría detecta censistas con antecedentes penales y pagos sin respaldo
Según la investigación, en seis casos los certificados de antecedentes fueron presentados, pero no fueron debidamente verificados ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. En otros diez casos, el INE no logró acreditar que dichos documentos hubiesen sido solicitados durante el proceso de contratación.
El informe también advierte que 14 ciudadanos extranjeros fueron contratados pese a no contar con autorización vigente para trabajar en Chile. Entre ellos figuraban personas con permisos de residencia revocados e incluso un caso con una orden de expulsión administrativa pendiente.
Junto ello, la auditoría reveló además que más de 130 trabajadores no acreditaron los requisitos académicos exigidos para desempeñarse en cargos de coordinación y gestión administrativa dentro del operativo censal.
Otro de los hallazgos apunta a la falta de control sobre las labores realizadas por parte del personal contratado. La Contraloría indicó que el INE no pudo demostrar que 515 censistas efectuaron efectivamente las tareas por las cuales recibieron pagos que superan los $166 millones.
Asimismo, se identificó a 267 personas que prestaron servicios para el Censo mientras mantenían contratos vigentes con otros organismos públicos, situación que debían informar mediante declaraciones juradas y que no fue reportada. Estos antecedentes también fueron derivados al Ministerio Público.
La revisión de la CGR detectó igualmente irregularidades en el arriendo de inmuebles utilizados como oficinas y locales censales. De acuerdo con el informe, 77 contratos fueron suscritos sin estudios técnicos o justificaciones documentadas que respaldaran la elección de los recintos.
Dentro de ese grupo, cinco contratos se extendieron por hasta un año, pese a que el trabajo censal tuvo una duración aproximada de cinco meses, generando desembolsos considerados injustificados por más de $49 millones.
Otro punto cuestionado corresponde a pagos por más de $134 millones destinados al traslado de funcionarios y censistas durante el 1 de mayo de 2024, jornada en la que no se registraron actividades censales que justificaran dicho gasto.
Como resultado de las observaciones, la CGR instruyó al Instituto Nacional de Estadísticas iniciar un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades. Además, formuló un reparo por más de $315 millones y otorgó un plazo de 60 días hábiles para que se determine el destino final de los equipos tecnológicos almacenados.
