La megarreforma dejó una certeza incómoda para la izquierda: el oficialismo tiene los votos. Con 76 de 155 diputados —a sólo dos de la mayoría simple— y 26 de 50 senadores, el Gobierno de José Antonio Kast sacó adelante su proyecto legislativo más importante pese a la oposición, que además vio esfumarse su ilusión inicial de sumar al Partido de la Gente a un bloque de contrapeso.
El cierre formal de la tramitación sucedió este martes cuando el Senado aprobó por 27 votos contra 22 el último artículo pendiente del proyecto de Reconstrucción Nacional, el mecanismo de compensación a los municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores.
Los 26 senadores del oficialismo sumaron el voto del senador Pedro Araya (PPD), que rompió el bloque opositor tras conversar con alcaldes y con el biministro de Interior y la Segegob, Claudio Alvarado.
Con eso, el proyecto quedó despachado del Congreso, aunque todavía restan tres vetos supresivos presidenciales —sobre el derecho al olvido financiero, el anatocismo y el pago a 30 días a las pymes, que se votarán la próxima semana— y la revisión de tres requerimientos que la oposición presentó ante el Tribunal Constitucional por la invariabilidad tributaria y el régimen de indemnizaciones ambientales.
El resultado corona un proceso que, para la centroizquierda, se aleja bastante del cálculo con el que arrancó el Gobierno de Kast en marzo.
En ese momento, en el sector se manejaba como una posibilidad cierta una suerte de entendimiento con el Partido de la Gente para hacerle contrapeso a la agenda del Ejecutivo.
Con el correr de los meses, esa hipótesis se diluyó: al PDG le resultó más rentable negociar su propia agenda directamente con La Moneda —sus 14 votos en la Cámara se transformaron en la bisagra que el Gobierno necesitaba para evitar comisiones mixtas— y varios de sus diputados mostraron una sensibilidad más cercana a la derecha republicana, e incluso libertaria, que a la oposición.
La diputada Zandra Parisi (PDG) lo planteó sin ambigüedades esta semana, al definir a su partido como “el más importante de la oposición”, una suerte de autodefinición que en la propia centroizquierda se lee como la confirmación de que el PDG juega, en los hechos, para el oficialismo.
La única grieta en esa aritmética depende hoy de la Fiscalía: los procesos que investigan a los senadores Miguel Ángel Calisto, Camila Flores y Alejandro Kusanovic, sin plazo ni resultado claro.
Un problema no sólo de números
Pero el problema no fue solo aritmético. En los momentos más críticos de la tramitación, el sector se desordenó.
A comienzos de julio, la oposición pasó en cuestión de días de una foto de unidad —con el anuncio conjunto de ir al Tribunal Constitucional— a su peor crisis de coordinación desde que asumió Kast: los senadores del PPD cerraron un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre invariabilidad tributaria sin el respaldo de su propia directiva, mientras en el PS estallaba una disputa abierta entre la presidenta del partido, Paulina Vodanovic, y la senadora Daniela Cicardini.
El acuerdo del PPD terminó siendo repudiado por la propia colectividad horas después, y el sector recompuso una posición común recién al cuarto día.
El respaldo final de Araya al informe de la mixta quedó como una suerte de eco tardío de ese mismo problema: pese al reordenamiento de julio, el Gobierno volvió a encontrar, en el momento decisivo, un voto opositor dispuesto a cruzarse.
El senador Iván Flores (DC) coincide en el diagnóstico. “Como oposición pudimos haber estado un poquito más unidos, un poquito más articulados, con vocerías únicas, y no los tironeos que tuvimos (…) hay que hacer una autocrítica. Cada partido político tendrá que hacer su propia autocrítica y, por cierto, las bancadas, porque estas unen a parlamentarios de distintos partidos, y ese trabajo se puede articular mucho más al interior de las bancadas que entre partidos políticos. Sin embargo, se necesitan las dos instancias”, dice el parlamentario a EL DÍNAMO.
Una opinión distinta expresa a este medio el diputado Daniel Manouchehri (PS), uno de los líderes opositores en la tramitación de la megarreforma quien señala que “no hay que confundirse. El Gobierno no ganó el debate, ganó la votación. Y la ganó sumando votos mediante ofrecimientos ajenos a la reforma, como el acuerdo de los $2.500 por pañales exigido por el PDG”
Eso sí, el legislador reconoce que “nosotros no tenemos los votos. Perdimos la mayoría el 2025. Por tanto, nuestro esfuerzo es convencer a la ciudadanía de que nuestros argumentos son razonables”.
En esa tarea, Manouchehri se siente triunfador: “El resultado está a la vista. Mientras más se conoció la megarreforma, más rechazo generó por los privilegios que entrega a los grandes grupos económicos. Las encuestas demuestran que la mayoría término considerando que esta reforma no era buena para el país”, afirma.
El subjefe de bancada del PPD, Héctor Ulloa, en cambio, descarta que el problema sea de conducción. “El problema no radica en la falta de liderazgos ni de organización de la centroizquierda, es un tema numérico. Los números no nos alcanzan para hacer frente a una política que es absolutamente regresiva”.
Sobre el PDG, el diputado es categórico: “Es un partido de Gobierno. Zandra Parisi apareció esta semana diciendo que eran el principal partido de oposición. Y eso no es así. El PDG es un partido aliado del gobierno hoy día, y gracias a ellos la megarreforma es una realidad. Por lo tanto, es difícil hacer cualquier alianza con ellos. Estamos en veredas opuestas”, sentencia.
