Durante esta semana se ingresó un nuevo proyecto de ley en el Senado, que busca crear un nuevo delito migratorio para sancionar los llamados matrimonios y acuerdos de unión civil (AUC) “por conveniencia”, luego de que se reportara un importante incremento en las solicitudes.
La iniciativa es impulsada por Iván Flores (DC), Arturo Squella (REP), Paulina Núñez (RN), Paulina Vodanovic (PS) y Daniella Astudillo (PS), quienes pidieron el patrocinio del Gobierno a través del director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.
En concreto, se propone modificar la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, añadiendo un nuevo párrafo respecto a los delitos migratorios, creando el artículo 119 bis, que tipifica como delito la celebración de matrimonios o AUC destinados a eludir la legislación migratoria y obtener, de forma fraudulenta, permisos de residencia, la nacionalidad chilena u otros beneficios.
De acuerdo a los senadores que impulsan esta moción, la legislación cuenta con mecanismo de reunificación familiar y acceso a la nacionalidad que pueden generar incentivos para la concreción de estos vínculos con objetivos netamente migratorios.
Si bien se afirma que estos casos no corresponden necesariamente a matrimonios simulados, debido a que ambas partes se manifiestan a favor de contraer el vínculo, sí constituyen un fraude a la administración pública al utilizar las instituciones para acceder a beneficios migratorios.
Se han duplicado las solicitudes por AUC
Lo anterior, nace debido al aumento significativo que han tenido las solicitudes de residencia temporal vinculadas a acuerdos de unión civil.
Según información del Servicio Nacional de Migraciones, la cual se citó en la iniciativa, durante 2024 se registraron 1.946 solicitudes de residencia temporal por AUC presentadas por personas extranjeras en situación irregular, cuya cifra aumentó a 4.200 durante 2025. Respecto al presente año, ya son más de 2.268 solicitudes.
En este marco, se detalla que entre 2022 y 2025 se otorgaron 7.324 residencias temporales a través de este mecanismo.
Sumado a ello, los parlamentarios aseguran que investigaciones periodísticas han revelado que personas, a cambio de dinero, ofrecen contactar a ciudadanos chilenos o residentes dispuestos a celebrar estos vínculos.
Las sanciones que contempla el proyecto
La moción señala que la persona que celebre un matrimonio o acuerdo de unión civil (AUC) con un extranjero en situación migratoria irregular con el fin de que obtenga beneficios, sufrirá la sanción de presidio menor en su grado medio y una multa de 10 a 20 UTM.
En caso de que el individuo haya celebrado previamente uno o más matrimonios o AUC con diferentes extranjeros, la pena se incrementará a presidio menor en su grado medio a máximo y una multa de 21 a 50 UTM.
Este mismo castigo ase aplicará al sujeto extranjero que participe en estos acuerdos. Las personas que, con ánimo de lucro, organicen, promuevan, faciliten o intermedien en la celebración de estos acuerdos también se expondrán a sanciones, como penas de presidio mayor en su grado mínimo y multas de 51 a 100 UTM.
Además de estas sanciones, se establece que todos los beneficios migratorios obtenidos a través de este mecanismo se revocarán, impidiendo que la persona pueda volver a acceder a estos beneficios.
De esta forma, los congresistas buscan “cerrar un vacío en la legislación”, resguardando “la integridad del sistema migratorio, la correcta actuación de la Administración y la confianza en los procedimientos de otorgamiento de residencia y nacionalización”.
