El corazón de la agenda de seguridad que el Gobierno planea discutir en el Congreso, vale decir, establecer la seguridad pública como un deber constitucional, está recibiendo sus primeros reparos desde el mundo académico y político.
En la noche del miércoles, el presidente José Antonio Kast oficializó que, una vez terminada la tramitación de la megarreforma, se pondrá en marcha una batería legislativa denominada como Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT).
Entre otros aspectos, la iniciativa contempla una reforma constitucional para elevar la seguridad pública a ese rango y la creación de un nuevo Estado de Excepción Constitucional, que incluya toques de queda y presencia de Fuerzas Armadas y Carabineros en determinados barrios.
Fue este último aspecto el que provocó reparos del exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero (IND). “La labor policial requiere de un entrenamiento que es diametralmente distinto a la forma y el modo en que son educadas las Fuerzas Armadas, porque cumplen roles institucionalmente distintos. Hacer una iniciativa de esas características, sin dimensionar esos aspectos tiene un riesgo muy grande”, dijo a CNN.
Asimismo, advirtió que existe el riesgo de que al subordinar una institución jerarquizada a otra estructura de mando, o doctrinas internas distintas, se puede generar “una distorsión institucional muy grande”.
Los reparos al corazón de la reforma
Otros cuestionamientos apuntaron al corazón de la reforma. En diálogo con Radio 13C, el director de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, advirtió que “si el Estado se obliga a garantizar la seguridad se abren espacios para que el ciudadano, persona natural o jurídica, que siente que el Estado no está cumpliendo con ese rol, pueda empezar acciones penales contra el Estado mismo. Eso puede tener impactos económicos, de tramitación legal, que pueden quitar mucho tiempo y de energía“
¿Con eso vamos a poder perseguir de una manera más efectiva? No conozco ninguna norma en materia de seguridad que haya sido bloqueada porque en la Constitución no tenemos un respaldo para asumir esa responsabilidad como Estado. Entonces no veo la necesidad de impulsarlo, sino que creo más bien que es simbólico. No es algo que va a tener un correlato en una mejor persecución o en la facilidad de aprobar ciertos textos legales”, añadió.
Por otra parte, la directora ejecutiva del Centro de Justicia y Sociedad UC, Francisca Werth, dijo a T13 Radio que al incorporar como derecho la seguridad pública “podemos en el fondo poner uno contra otro, otros derechos que están en el artículo 19 como la libertad (…) entran a competir derechos como la presunción de inocencia, el debido proceso. El debate de fondo que deberíamos dar es cuánto estamos dispuestos a transar”.
Adicionalmente, cuestionó que uno de los ejes de esta agenda “era perseguir y condenar más, pero esa actividad no depende del Ejecutivo, sino de que del Poder Judicial”.
