En momentos en que la Corte Suprema dio inicio al proceso que podría terminar con la remoción de 56 jueces que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, confirmó que prepara una reforma al Poder Judicial.
“Tenemos siete medidas en una agenda que le vamos a presentar al Presidente de la República, para poder colaborar con este problema. Es un problema con la gobernanza judicial, con los nombramientos judiciales, de reformas procesales, de reforma procesal civil, que es un problema con las cadena judicial y con la ética. Nos parece que toda esa materia es una agenda poderosa y la estamos trabajando (…) para cambiar esa percepción que tiene la gente”, adelantó en conversación con radio Pauta.
Ya en abril, Rabat dijo ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado que entre las prioridades legislativas del Ejecutivo se encuentra el sistema de nombramientos judiciales. En ese entonces, comentó que la propuesta contenía cinco ejes.
Un Consejo de Nombramientos , plazos acotados y sanciones a abogados
La reforma data del gobierno de Gabriel Boric. Si bien la actual administración manifestó reparos con uno de sus aspectos centrales, el Consejo de Nombramientos Judiciales, finalmente se propuso que el nuevo órgano esté compuesto por el presidente de la Corte Suprema, dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, tres jueces letrados y un representante del Consejo de Rectores de la Universidades Chilenos, que haya ejercido como decano de una facultad de derecho. Todos, salvo quien lidere el máximo tribunal, serán elegidos por sorteo. Las ternas que emanen del CNJ deberán ser jerarquizadas por, entre otros aspectos, el mérito y la capacidad.
Sin embargo, a diferencia de la propuesta original, la actual administración dejó fuera al CNJ de la elaboración de la nómina de los candidatos a ministros de la Corte Suprema y fiscal judicial. Para este proceso, el Ejecutivo propone que 90 días antes de la jubilación de un ministro en ejercicio para llenar la vacante y que la Corte Suprema elabore una quina o cinquena con los postulantes mejores calificados, eliminando el derecho del ministro más antiguo de la Corte de Apelaciones de integrar la nómina. Asimismo, establece plazos más estrictos para que el Presidente de la República seleccione a un miembro y el Senado lo ratifique. También incorpora nuevamente el sorteo, en caso de que el Senado rechace la propuesta del mandatario en ejercicio.
Adicionalmente, la propuesta contempla sanciones para abogados, aunque no estén colegiados. Si se comprueba la infracción, los tribunales ordinarios podrán imponer multas de hasta 10 UTM y suspender hasta un máximo de tres años el ejercicio de la profesión.
