Convención Constitucional pide ayuda a fundación para enfrentar fake news
Por otro lado, también propuso a los constituyentes actualizar semanalmente el registro de formato de datos abiertos y promover denuncias internas y externas sobre esta materia.
Por Cristián Meza
Ibarra apuntó en la instancia que existe desconocimiento de las implicancias de noticias falsas en su labor como constituyentes. AGENCIA UNO
La Comisión de Ética de la Convención Constitucional recibió a Paulina Ibarra, directora ejecutiva de Fundación Multitudes, para conocer los efectos de la desinformación y fake news en el organismo.
Ibarra apuntó en la instancia que existe desconocimiento de las implicancias de noticias falsas en los distintos ámbitos de la sociedad, incluso en la misma Convención.
“Quedó en evidencia el desconocimiento que los constituyentes tienen para combatir el fenómeno de noticias falsas para proteger la Convención, su legitimidad y las decisiones que se toman al interior de esta institución”, dijo.
En esa línea, Ibarra indicó que, “fue así que algunos constituyentes nos pidieron ayuda en la formulación de un reglamento que los ayude a entender mejor cuáles son las definiciones de desinformaciones y como se formaría un órgano externo e interno para ayudar en la fiscalización y sanción de aquellos constituyentes que difundan noticias falsas”.
Por otro lado, también propuso a los constituyentes actualizar semanalmente el registro de formato de datos abiertos y promover denuncias internas y externas de prácticas que contravengan la “transparencia y probidad en la materia”.
“El lobby no es malo, es bueno si es transparente y cuenta con un correcto mecanismo de rendición de cuentas. Por ello, es labor que la Convención apele a estándares más altos de rendición de cuentas en base a aplicación del estándar mínimo legal de la ley lobby, con miras a su perfectibilidad y correcta adecuación”, precisó.
En la ocasión, la representante de la Fundación Multitudes propuso a los constituyentes promover la idea de un “lobby ciudadano para que la gestión de interés sea parte de la acción colectiva de la comunidad”.
En esa línea, hizo ver que una iniciativa de ese tipo, “permitiría elevar la legitimidad del proceso, al circunscribirse a estándares de transparencia y rendición de cuentas que signifiquen permear el mínimo legal bajo el criterio de autorregulación, auto convocación y adecuación de un control ciudadano tangible en la gestión de este proceso”.
Ibarra insistió en que, “es la propia Convención la llamada a autorregularse bajo altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. Y entendiendo que su composición será materia de la Comisión de Reglamento, podemos igualmente evidenciar que sus integrantes deberán velar por un estándar superior al mínimo legal, que podría tener el carácter de rotativo, y amplia composición”.
