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Contraloría establece “responsabilidad administrativa” de Delgado en caso de concejales viajeros

Según el ente fiscalizador, el ex alcalde de Estación Central autorizó dos viajes a Europa irregulares con un valor de casi $12 millones.

Contraloría Delgado

La Contraloría General de la República, tras más de cinco años de investigación, estableció que el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sí tuvo responsabilidad administrativa en el caso de concejales viajeros que sacudió a la comuna de Estación Central cuando era alcalde.

Según el informe emitido por el ente contralor, en 2016 Rodrigo Delgado habría autorizado el viaje de dos concejales a Europa. La idea, según se dijo en ese momento, era que fueran a ser capacitados en materias de gestión municipal.

En paralelo, el ex jefe comunal gestionó mediante trato directo y con dineros municipales una serie de carteles con su rostro y nombre durante periodo de elecciones.

En detalle, los viajes mencionados por Contraloría en el documento al que accedió T13, fueron hechos por los concejales Ivo Pavlovic y Patricio González, quienes fueron a España e Italia en 2016 por un valor total de casi $12 millones.

“Hubo días en los cuales los concejales no realizaron capacitación alguna, no pudiendo acreditarse por la entidad edilicia que las materias y contenidos mencionados se relacionen directamente con la gestión municipal”, indicó la Contraloría.

Concejo Municipal busca sancionar a Delgado

Pese a que la Contraloría General de la República reconoció la “responsabilidad administrativa” del actual ministro Rodrigo Delgado en Estación Central, la entidad revisora precisó que las sanciones son contra quienes sigan trabajando en el municipio capitalino.

Por ello, el Concejo Municipal de Estación Central, según adelantaron los ediles, presentará una denuncia al Tribunal Electoral en contra de Delgado por el “notable abandono de deberes y falta de probidad administrativa”.

De confirmarse un falló en contra de Delgado en el Tribunal Electoral, la autoridad de Gobierno podría ser inhabilitado por hasta cinco años para ejercer cualquier cargo de elección popular.

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