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Minera La Escondida, el primer objetivo de la nacionalización según convencional Olivares

La autora de la propuesta de norma que busca nacionalizar la minería aseguró que el proceso será paulatino e iniciará con la minera privada más grande del país.

La constituyente impulsora de la propuesta de norma que fue aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional para nacionalizar la minería en Chile, Ivanna Olivares de Pueblo Constituyente (Ex Lista del Pueblo), anunció que el primer objetivo será tomar el control de la minera La Escondida.

En entrevista con CNN Chile, la convencional explicó que se aprobarse en particular y posteriormente en sala la normativa, la nacionalización de la minería será paulatina.

“Va a ser progresivo, vamos a ir primero con La Escondida que es la minera privada más grande, se va a ver cómo serán los procesos de transición y así vamos a seguir adelante”, indicó Olivares.

En esta línea, la integrante de la Ex Lista del Pueblo recalcó que no será un “proceso abrupto”, por lo que no se generará “caos” o que los trabajadores de mineros dejen de operar.

“Al contrario, lo que nosotros ofrecemos es un camino alternativo donde el Estado obtiene plena soberanía sobre lo que actualmente está en manos de privados y creemos que es la única vía que va a sustentar el cambio de modelo, porque el actual modelo ya está en crisis”, sostuvo Olivares.

Las indemnizaciones del Estado

La propuesta aprobada en general por la Comisión de Medio Ambiente considera iniciar un proceso de indemnización para las mineras y privados que se busca nacionalizar.

En detalle, se quiere pagar a los perjudicados el valor de su inversión inicial en hasta 20 años con descuentos asociados a deudas con el Estado o por depreciaciones de las instalaciones.

“Esa cifra que usted declara no supera los 500 mil millones de dólares que equivalen a casi 10 presupuestos nacionales en promedio”, explicó Ivanna Olivares.

La convencional también defendió la medida y recalcó que de estar en la nueva Carta Magna el proceso de nacionalización de la minería será “institucional, democrático, es una transición donde el Estado va a tener que hablar con las grandes empresas privadas nacionales como transnacionales para ver cuál va a ser la forma de la indemnización”.

 

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