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1 de Abril de 2022

Las iniciativas populares que la Convención se negó a discutir

Algunas propuestas con alto apoyo, como “Con mi plata no”, fueron rechazadas y quedaron fuera del borrador final de la Nueva Constitución. Dos millones 800 mil personas participaron en las firmas para las iniciativas.

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Un total de 78 normas lograron el piso de 15 mil firmas para ser discutidas en la Convención. AGENCIA UNO
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Tras finalizar a principios de febrero la etapa de apoyo a las iniciativas populares de norma, la Convención Constitucional quedó con la tarea de analizar 78 propuestas ciudadanas, las cuales, tal como se indicó en el reglamento de la instancia, debían conseguir más de 15 mil firmas para ser debatidas.

Pese al masivo proceso que contó con la participación 2,8 millones de personas a lo largo del país, algunas de las propuestas con más apoyo, como “Con mi plata no”, fueron rechazadas en las comisiones de la Convención Constitucional y quedaron fuera del borrador final.

La propia presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, enfrentó las críticas por el rechazo a estas iniciativas y dijo que son un “un insumo para deliberar” importante, sin embargo, “el hecho de rechazar algunas no significa que el tema se haya eliminado de la deliberación, sino que puede haber otra propuesta que lo aborde de la misma manera”.

“Hay una segunda etapa que tiene que ver con las indicaciones y en muchas de esas propuestas, seguramente hay algunas partes que van a ser incluidas como indicaciones para mejorar las que fueron aprobadas”, agregó ante los medios a mediados de febrero del 2022.

Con mi plata no

Hace pocos días, el 29 de marzo pasado, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención rechazó con 18 votos en contra 8 a favor y 7 abstenciones, la propuesta “Con mi plata no”, la cual logró 60.852 firmas durante el proceso de participación.

La iniciativa, que no será parte de la propuesta de nueva Constitución,  buscaba consagrar el “derecho a seguridad social, pensión básica y propiedad de los fondos”.

“Con mi plata no” también establecía que los ahorros previsionales actuales fueran “heredables y inexpropiables”, independiente del gobierno de turno.

Lo que sí se aprobó en la comisión fue que el derecho a la seguridad social esté en manos de entes públicos y no privados.

“La gestión y administración del sistema serán públicas, y recaerán en entes públicos, autónomos, sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”, precisa el texto aprobado con 20 votos a favor y 12 en contra.

Libertad de enseñanza y derecho preferente de padres

Un día después, la Comisión de Derechos fundamentales volvió a rechazar una propuesta popular de norma. Esta vez fue la que establecía la “libertad de enseñanza y derecho preferente de padres a elegir la educación de sus hijos”.

Mientras en la etapa de participación ciudadana recopiló 28.944 firmas, en esta ocasión se rechazó con 7 votos a favor, 24 en contra y 2 abstenciones.

La medida establecía que el Estado no podrá “imponer una visión única sobre la persona humana, la sociedad y el mundo, ni una única comprensión sobre los derechos humanos”.

“La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden público. Todo establecimiento educacional podrá oponerse, en razón de su ideario, a impartir contenidos que lo contradigan. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”, indicaba el texto.

Educación libre y diversa 

Otra propuesta que no logró llegar al pleno de la Convención fue “Educación libre y diversa” que pretendía resguardar la libertad de enseñanza como un derecho.

“Presentamos esta iniciativa que aborda el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, derechos esenciales para la construcción de una sociedad pluralista, en donde todos con nuestras diferentes visiones de país tengamos una espacio para desarrollarnos plenamente”, aseguraron los impulsores de la propuesta ciudadana.

En detalle, la Comisión de Derechos Fundamentales rechazó “Educación libre y diversa” con 10 votos a favor y 23 en contra. Anteriormente, obtuvo 27.515 firmas de ciudadanos.

Cannabis a la Constitución

Pese a estar en los primeros lugares de participación ciudadana con 44.332 firmas, la iniciativa popular “Cannabis a la Constitución” fue rechazada el 10 de febrero en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde votaron por separado sus cinco incisos.

La iniciativa buscaba que “ninguna norma de carácter punitivo o sancionatorio podrá establecerse sobre dichas conductas ni sobre el acceso a las sustancias para consumo personal”.

Derecho a la vida desde la concepción

El mismo día, también se rechazó en comisión el “Derecho a la vida desde la concepción” ingresado por Siempre por la Vida que obtuvo 31.209 firmas.

La iniciativa popular de norma fue rechazada con 8 votos a favor y 24 en contra. De esta manera, fue descartada y no formará parte de nuestra nueva Carta Magna.

De acuerdo a sus impulsores, la Constitución debía garantizar a todas las personas “el derecho a la vida y a la integridad física”, desde que “inicia su existencia natural, que se produce en la concepción”.

Libertad de emprender

La propuesta de la Multigremial Nacional de Emprendedores (Libertad de emprender), que consiguió 21.225 firmas, fue rechazada el pasado 10 de marzo.

El artículo fue aprobado en la Comisión de Derechos Fundamentales, sin embargo, cuando ocurrió su votación en sala sólo obtuvo 42 de 103 votos necesarios para pasar al borrador final. En tanto, 95 convencionales votaron en contra y hubo 14 abstenciones.

En el documento se indicaba que la Constitución asegurará “a todas las personas naturales y jurídicas la libertad de emprender y desarrollar actividades económica”.

“Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución, la protección de la naturaleza y con el interés general”, se especificó en la propuesta.

Pese al rechazo, posteriormente el pleno de la Convención Constitucional aprobó con 104 votos a favor, 9 en contra y 36 abstenciones que “toda persona, natural o jurídica, tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas”, lo que sí estará en el borrador de la nueva Constitución.

Libertad religiosa y de conciencia

El 10 de febrero, la Comisión de Derechos Fundamentales votó el documento propuesto por Confesiones Religiosas para establecer la libertad religiosa y de conciencia en la nueva Constitución.

Esta propuesta popular obtuvo 28.705 apoyos, sin embargo, quedó fuera de nuestra nueva Constitución tras el rechazo de todos sus incisos por separados.

Uno de ellos, sobre libertad de conciencia y religión, quedó fuera con 9 votos a favor y 22 en contra. 

Este inciso consagraba que la “libertad de manifestar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones establecidas por la ley que sean necesarias para proteger la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.

De igual manera, con 150 votos a favor, 1 en contra y una abstención, el pleno de la Convención Constitucional aprobó incluir en el borrador final la libertad de “pensamiento, conciencia, religión y cosmovisión”, donde “ninguna religión, ni creencia es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio en el espacio público o privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza”.

Primero las víctimas

La iniciativa popular de norma “Primero las víctimas”, donde se buscaba consagrar el derecho a la “seguridad ciudadana otorgando mayores derechos y protección a las víctimas que a los delincuentes” fue rechazada en la Comisión de Derechos Fundamentales en febrero del 2022.

Esta propuesta ciudadana alcanzó un total de 26.050 firmas en la instancia de participación ciudadana y fue propuesta por el dueño de la ex Fuente Alemana, Carlos Siri, quien ha hecho noticia por defender su establecimiento de los destrozos que afectan a la Plaza Italia.

Eso sí, la misma instancia aprobó otras normas similares como un artículo sobre el derecho a la seguridad pública que establece la obligación del Estado para “generar y ejecutar una política efectiva de prevención de los delitos”.

 

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