La Cámara de Diputados inició durante la mañana de este martes la revisión de la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano en contra de la ministra del Interior, Izkia Siches, por eventualmente poner en riesgo “la seguridad y el honor de la nación”.
La jefa de gabinete llegó hasta la sala acompañada de la abogada y militante DC, Elisa Walker, quien anunció que la defensa invocará la cuestión previa para desestimar los fundamentos del libelo.
La acusación sufrió un duro revés en la comisión revisora, ya que terminó siendo rechazada con votos de Chile Vamos. Si gran parte de la centroderecha mantiene esta misma postura, el texto podría caerse de manera contundente.
Los republicanos cuestionaron a los representantes de la UDI y RN, asegurando que “no estar a favor y estar en contra de esta solución, es más o menos tener una respuesta de tinte marxista”.
“Nos cuentan que están a favor de la patria, la libertad y que este no es el momento. ¿Cuándo es el momento? Esto no es una lucha política, es una lucha por salvar la paz, la dignidad y los derechos de millones de chilenos, a los que en algunos casos le han arrebatado a balazos los derechos civiles y ciudadanos“, expresó el diputado Cristóbal Urruticoechea.
Los puntos de la acusación
El Partido Republicano enumeró siete episodios para sustentar la acusación constitucional contra la ministra del Interior:
- “El retiro de querellas presentadas por Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los causantes de robos, incendios, destrozos y otros delitos graves cometidos durante el mediáticamente denominado ‘estallido social’ y el proceso de desarticulación de la división jurídica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
- “La no ejecución de la ley al faltar a su obligación de denunciar hechos constitutivos de delitos frente al grave atentado que sufrió la ministra del Interior y Seguridad Pública y su comitiva en la localidad de Temucuicui, que incluyó la utilización de armas y amenazas”.
- “El haber comprometido gravemente el honor de la Nación al utilizar, de manera imprudente e inoportuna, el concepto Wallmapu para referirse a territorio chileno y argentino, generando un impasse político y diplomático con autoridades de la República Argentina”.
- “Entregar informaciones inexactas o intencionadamente incompletas a la opinión pública y a la Cámara de Diputados, infringiendo el principio de probidad administrativa en lo referente a la expulsión masiva de ciudadanos venezolanos ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, la incautación de armas a nivel nacional o las víctimas civiles en La Araucanía”.
- “Dejar sin aplicación la Ley de Migración y Extranjería, comprometiendo especialmente la situación de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”.
- “Omisión de presentar denuncia y querella criminal en contra del líder de la autodenominada Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por sus declaraciones llamando a la ‘resistencia armada’ contra el Estado de Chile”.
- “Ignorar los resultados y recomendaciones sobre la aplicación del Estado de Emergencia, generando una reacción tardía, insuficiente y acotada frente a los graves acontecimientos de violencia en la macrozona sur del país, que implicaron una afectación grave a la seguridad de la Nación y no ejecución de la Constitución y las leyes, poniendo en riesgo los Derechos Fundamentales de las personas”.
