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Política

14 de Octubre de 2022

Chile Vamos analiza acusación constitucional contra canciller Urrejola por retraso de promulgación de TPP-11

"Si el Gobierno persiste en dejar sin ejecución ley aprobada por el Congreso, nos veremos en la obligación de ejercer una acusación constitucional sobre la materia”, declaró Schalper.

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"La posición nuestra es continuar trabajando las side letters con los distintos países asignatarios y después de eso la promulgación y luego el depósito", sostuvo la canciller. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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Chile Vamos no tomó de buena manera la decisión de La Moneda de esperar las side letters para poder depositar el TPP-11, el cual fue ratificado por el Senado, por lo que analizan la opción de presentar una acusación constitucional contra la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. 

“La posición nuestra es continuar trabajando las side letters con los distintos países asignatarios y después de eso la promulgación y luego el depósito”, sostuvo la canciller.

En esta línea, la ministra precisó que “la estrategia que estamos llevando adelante desde hace ya varios meses, a través del liderazgo del subsecretario de Relaciones Exteriores, en relación con las side letters o cartas bilaterales”.

“Las side letters no es algo novedoso en derecho internacional y tampoco es algo novedoso respecto a la discusión del CTPP, fue precisamente la estrategia que siguió Nueva Zelanda cuando ratificaron el CTPP”, agregó.

Esta postura no causó agrado en varios parlamentarios, como el senador DC Matías Walker, quien se valió de las redes sociales para recalcar que “esperamos que el Presidente ratifique, deposite, promulgue y publique la aprobación del TPP11 por parte del Congreso Nacional. Sería inaceptable dilatarlo, como lo hizo Pinochet con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos”.  

Las palabras de Walker fueron correspondidas por el diputado RN Diego Schalper, quien cuestionó lo señalado por José Miguel Ahumada, subsecretario de Relaciones Económicas, que planteó que la resolución de las side letters podría demorar hasta un año.

“Esto es una provocación inaceptable. Si el Gobierno persiste en dejar sin ejecución ley aprobada por el Congreso, nos veremos en la obligación de ejercer una acusación constitucional sobre la materia”, declaró Schalper.

 
 
 

 

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