La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados comenzó el análisis del proyecto presentado por el gobierno que modifica la ley para ampliar la expulsión de extranjeros a condenados por Ley de Drogas.
Las cifras señalan que la población migrante recluida aumentó desde 2013 a 2022 del 3,7% al 10,3%, lo que representa a 4.298 personas extranjeras. De dicha cifra, el 61% está condenada por la ley de drogas.
Así, la propuesta legal busca revertir los efectos de la Ley de Migración y Extranjería, que excluyó la aplicación de la expulsión a delitos referidos a la ley 20.000 y de aduanas.
La Ministra de Justicia, Marcela Ríos, explicó que la pena de expulsión, que se aplica desde 2012, se define como la salida forzosa del territorio nacional. Esta es impuesta por un juez o por tribunal a un condenado extranjero sin residencia legal en Chile. A su vez, considera la prohibición de regresar en un plazo de diez años contados desde la fecha de sustitución de la pena.
La autoridad añadió que, en los últimos 10 años (2012-2022), hubo 10.531 causas con orden de expulsión, con un promedio anual de 957. De ellos, sólo 241 personas retornaron a Chile.
Sin embargo, la Ley de Migración y Extranjería de 2021 prohibió la expulsión de extranjeros por delitos de drogas, aduanas, tráfico de migrantes y trata de personas; situación que se espera revertir para los casos específicos de delitos aduaneros y de drogas.
Al respecto, el asesor del Ministerio del Interior, Miguel Yaksic, planteó que el proyecto apunta a un perfil específico de personas, principalmente condenadas por microtráfico. Es decir, sostuvo, el final de la cadena, los denominados burreros, que no tienen arraigo en el país, que mayoritariamente son de nacionalidad boliviana y no han cometido otros delitos graves.
