Con el análisis y votación de las últimas partidas, y tras cuatro jornadas de sesiones, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos concluyó el despacho del Presupuesto 2023 que ahora deberá ser analizado en las respectivas Salas de la Cámara y del Senado.
En la recta final de la discusión, también se suscribió de manera transversal el protocolo que acompaña a la ley de Presupuesto y que “compromete acciones de gestión administrativa y legislativa con el propósito de la mejora continua de las políticas públicas para contribuir a una prestación de servicios oportuna, eficiente y eficaz de parte del Estado a la ciudadanía”.
El documento firmado por el Ejecutivo encabezado por el ministro de Hacienda Mario Marcel y por la Comisión Mixta de Presupuestos que preside el senador UDI Juan Antonio Coloma, recoge una serie de observaciones y propuestas transversales en materia de inversión pública, seguridad, políticas sociales, salud, educación, economía, agricultura, energía, transportes y transparencia y eficiencia del gasto público.
Salud: 10 mil pesos para el per cápita
Al igual como en otras partidas, el protocolo propuesto por el Ejecutivo permitió la aprobación de los fondos destinados al Ministerio de Salud. En este caso, el Ejecutivo elevó el per cápita de la Atención Primaria de Salud (APS) pasando de los 9.618 pesos actuales por paciente, a 10 mil pesos. La indicación fue aprobada tras las negociaciones realizadas durante la jornada.
En Sala, la senadora Luz Ebensperger explicó el debate que se dio en la Subcomisión respectiva detallando que en lo sustancial, el rechazo de la partida pasó por el incremento de solo un 1,04% del per cápita de la APS, es decir cien pesos en dicho guarismo respecto al año en curso.
Otras preocupaciones expresadas por los legisladores son la baja de los fondos destinados a las prestaciones institucionales y la inversión sectorial en maquinarias y equipos, el asegurar los puestos de los funcionarios que laboraron la red integrada, los cambios que requiere la COMPIN, la normalización del hospital base de Valdivia, el financiamiento y dependencia administrativa del hospital Clínico de la Universidad de Chile, licitación del nuevo hospital de Illapel, la falta de especialistas en regiones y los dineros para la continuidad del programa Guatita de Delantal.
