No sólo la huelga de hambre: ministra de Justicia recibe nuevas presiones por traslado de miembros de la CAM
Cinco integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco está en prisión preventiva en Valdivia, decisión del tribunal que ha generado un problema para Marcela Ríos.
Por Luis Rivera
Marcela Ríos, ministra de Justicia y Derechos Humanos, en el “Encuentro por la Reinserción Social" realizado el 11 de noviembre en la ex Penitenciaría AGENCIA UNO
Luego de ser imputados por su eventual participación en dos ataques incendiarios en la Región de La Araucanía, Pelantaro Llaitul, Jorge Cayupil, Luis Fuenzalida, Juan Carlos Mardones y Luis Menares quedaron en prisión preventiva. Para cumplirla, mientras dure la investigación, fueron trasladados al Centro Penitenciario de Valdivia.
Esta decisión del tribunal ha generado diversas reacciones. Los detenidos, como medida de protesta, comenzaron una huelga de hambre líquida a la cual se sumó, en Concepción, Héctor Llaitul, padre de Pelantaro. Los comuneros buscan ser destinados de regreso a Temuco, trato digno a las visitas y beneficios para Daniel Canio, sentenciado a 15 años por un atentado en Lautaro.
“Estamos evaluando recursos que la ley contempla para revertir la situación y sean ingresados al módulo comuneros de Temuco, lugar especialmente adecuado para la permanencia de imputados mapuche”, aseguró Luis Acuña, abogado que representa a estos integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Estos antecedentes han generado reacciones políticas, de hecho, desde la UDI y RN han presionado para que la ministra de Justicia, Marcela Ríos (CS), no acceda a estas exigencias frente a la protesta. De hacerlo, han asegurado en la oposición, que activarán el proceso de una acusación constitucional.
Pero no es lo único, en el oficialismo también tienen reparos. El gobernador de la Región de los Ríos asegura que la seguridad de la zona podría estar en peligro por la permanencia de estos comuneros en el recinto penal valdiviano. “Es una preocupación porque esto trae otras consecuencias, especialmente en el caso de la delincuencia. Trae problemas porque se trasladan familias y a veces parte de la delincuencia que está en otros lugares”, dijo Luis Cuvertino (PS).
“Vamos a acompañar también un reclamo frente a esta situación al Ministerio de Justicia porque es lo que corresponde. Indudablemente provoca dificultades, especialmente de apreciación, de sensación y eso nos interesa para que nuestra ciudadanía viva con la tranquilidad que se merece”, agregó la autoridad regional, quien se sumó a otro socialista, Alfonso de Urresti, para cuestionar la presencia de estos imputados en Valdivia.
