Republicanos evaluarán acusación constitucional contra ministro Jackson por polémica con ex seremi

El Partido Republicano anunció que evaluará los antecedentes para presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras la polémica surgida por la denuncia presentada por la ex seremi de la cartera en la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo.

En una entrevista a Radio Bío Bío, la ex autoridad acusó que representantes regionales del Gobierno de Gabriel Boric la obligaban a favorecer proyectos que ella cuestionaba técnicamente, lo que derivó en su renuncia, la que se concretó el 30 de noviembre pasado.

En respuesta a esto, la cartera dirigida por el ex titular de la Segpres aseguró que la salida de Hidalgo del cargo se debió a que no denunció una presunta violación de una niña en un recinto donde se atienden a personas en situación de calle.

La ex seremi negó esta acusación y afirmó que desde el ministerio le informaron que su salida se debía a la “mala evaluación” por sus diferencias con la subsecretaria Francisca Perales y la delegada presidencial Constanza Martínez por “no acatar su autoridad en el momento de aprobar o rechazar proyectos en la Comisión de Evaluación de la RM”.

Patricia Hidalgo señaló que si el ministro Jackson no se disculpaba por su acusación iba a iniciar acciones legales en su contra.

La ofensiva republicana

Tras la acusación de la ex seremi, la bancada republicana afirmó que había iniciado el estudio para presentar una acusación constitucional contra Giorgio Jackson por su “responsabilidad política y jurídica en estas materias”.

La colectividad opositora explicó que entre los antecedentes analizados también se incluirá las fallidas licitaciones del Servicio Mejor Niñez para diagnósticos de niños vulnerados, los que dejarían a 25 mil menores de edad sin recibir su tratamiento.

“Como primer paso, mañana (hoy lunes) iniciaremos la recolección de firmas para interpelar al ministro Giorgio Jackson, y en las próximas semanas estudiaremos los antecedentes para llegar a la conclusión respecto de la viabilidad de una posible acusación constitucional”, explicaron.