La Contraloría General de la República señaló que el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) contrató encuestas de dos consultoras durante los últimos dos años del segundo gobierno de Sebastián Piñera, entre enero de 2020 y octubre de 2021, de manera inadecuada.
Mediante una auditoría a las adquisiciones realizadas por esa cartera a través de trato directo en ese periodo, se determinó que “contrató al proveedor Consultores Asociados de Marketing CADEM S.A. a través de 12 tratos directos, servicios por concepto de estudios de opinión estratégicos por un total de $345.149.782“.
Además, durante ese mismo tiempo se contrataron los estudios estratégicos con la Universidad del Desarrollo por $255 millones, con la empresa Fases Asesoría e Investigación en Gestión de Marketing por $1193.246.048 y Asesoría e Inversiones VVS SPA (Criteria) por un total de $138.592.000.
Revisado lo anterior, la Contraloría instruyó a la Segegob -hoy a cargo de la ministra Camila Vallejo- a “incorporar esta materia en los procedimientos disciplinarios anunciados en su respuesta, correspondiendo que remita el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe”.
Lo anterior, “sin perjuicio de adoptar las medidas de control necesarias para fortalecer sus procedimientos sobre la materia, a fin de ajustarse a la normativa de compras públicas, justificando adecuadamente la realización de tratos directos, de modo de no repetir situaciones como las observadas”.
Sin contratos
En el mismo informe se constataron adquisiciones con los proveedores Consultores Asociados de Marketing CADEM S.A. y Fases Investigación y Asesorías en Gestión de Marketing Ltda. por montos superiores a 1.000 UTM, sin haber constancia de los respectivos contratos.
En este caso, Contraloría ordenó a la Segegob a “dar estricto cumplimiento a la normativa vigente y al manual de adquisiciones institucional en términos de formalizar un contrato para adquisiciones” e iniciar “el proceso disciplinario comprometido en su respuesta, debiendo remitir el acto administrativo que así lo instruya a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en el plazo de 15 días hábiles”.
También determinó que las resoluciones que dieron luz verde a estos tratos directos, no cumplieron “los objetivos mencionados en el inciso penúltimo del artículo 10 del Reglamento de la ley de Compras Públicas, para no exigir el otorgamiento de una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y por lo tanto, dicha operación debió contar con la garantía o resguardo respectiva“.
Por lo mismo, se instó a acatar esto en el futuro “definiendo para ello procedimientos de control tendientes a verificar su aplicación, los cuales tendrá que informar en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe final”.
Aún así, se establecerá un proceso disciplinario con el fin de “establecer las eventuales responsabilidades administrativas, correspondiéndole remitir el acto administrativo que así lo instruya, en el plazo de 15 días hábiles”.
