Contraloría: casos similares a Democracia Viva se repiten en 15 regiones
Bermúdez indicó que las principales debilidades se registran en las transferencias del Programa Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a fundaciones.
Por Cristián Meza
En el caso de Urbanismo Social, se detectó la contratación de tres personas que recibieron el pago de sus sueldos con los recursos de los programas a ejecutar. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Jorge Bermúdez, contralor general de la República, compareció ante la comisión investigadora por el caso Convenios, donde dio cuenta de las irregularidades cometidas por los gobiernos regionales y Seremis de Vivienda en la entrega de de recursos a fundaciones como Democracia Viva, tanto durante el gobierno de Sebastián Piñera, como en la actual administración de Gabriel Boric.
Bermúdez indicó que las principales debilidades se registran en las transferencias del Programa Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a fundaciones.
Para el contralor, hay 11 Seremis que presentan denuncias ante el Ministerio Público por acciones que serían constitutivas de delitos: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Región Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Los Ríos y Los Lagos.
Respecto a las fundaciones, 19 de ellas recibieron observaciones entre 2021 y 2023, donde los casos más graves son protagonizados por Democracia Viva en Antofagasta; Arquiduc en O’Higgins (Gobierno de Piñera); Urbanismo Social en el Maule; y en el Biobío, Urbanismo Social y Procultura.
En el caso de Urbanismo Social, se detectó la contratación de tres personas que recibieron el pago de sus sueldos con los recursos de los programas a ejecutar.
“Para nosotros el hecho objetivo es ese, se exige la contratación de personas una vez que ya se ha suscrito el convenio con una entidad privada, para poder realizar el convenio. Eso ya está acreditado en el informe, lo que no está acreditado es la responsabilidad, pero el hecho objetivo está acreditado con distintos medios de prueba, y este informe del Gobierno Regional del Maule se fue al Ministerio Público, porque da cuenta de un tráfico de influencias muy indebido, y la Contraloría va a iniciar un sumario administrativo por lo mismo”, indicó Bermúdez a los parlamentarios.
Minvu reconoce debilidades en entrega de recursos
En una declaración pública, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se refirió al informe dado a conocer por Jorge Bermúdez ante la Cámara de Diputados, dejando en claro que “desde un principio, planteamos que el modelo de transferencias de recursos del Programa de Asentamientos Precarios, que inicia su relación con instituciones sin fines de lucro en 2019 y que fue utilizado por las últimas administraciones ministeriales, incluyendo ésta, requería de un estándar mayor de control”.
Para la cartera dirigida por Carlos Montes, “dicho modelo presentaba deficiencias que abrían la puerta a la corrupción, como en el caso de Democracia Viva, entre ellos, la falta de un proceso de concursabilidad para las fundaciones, lo que llevaba a no exigir antigüedad y experiencia comprobable a dichas organizaciones y sus equipos; la ausencia de un registro de fundaciones; la no estandarización de los convenios de transferencias; la falta de obligatoriedad en la exigencia de boletas de garantías; y una deficiente forma de rendir los recursos, entre otras falencias”.
“Adicionalmente, queremos señalar que durante el año 2022 se suscribieron 119 convenios con entidades sin fines de lucro; de ellos, 3 corresponden a Democracia Viva y a 11 se les puso término anticipado por diversos incumplimientos administrativos, quedando actualmente 7 en proceso de revisión“, sentenció.
