Con un reproche a la labor del ministro Carlos Montes, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados aprobó el informe sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, más conocido como caso Convenios.
Entre sus principales conclusiones, el informe señala que “hubo falta de colaboración” del Gobierno para colaborar con la labor de la instancia parlamentaria, donde destacan los oficios enviados al presidente Gabriel Boric que no fueron respondidos.
En cuanto a lo sucedido con Democracia Viva, existirían patrones que dan cuenta de un mecanismo que buscaba defraudar al Fisco, calificando este tipo de instituciones como “unidades de negocios”.
Cuestionamientos a Montes y Crispi
La comisión investigadora apuntó a la responsabilidad de militantes de Revolución Democrática en casos como el de Democracia Viva y otras fundaciones, asegurando que “la existencia de una práctica transversal para aprovecharse del sistema”.
Respecto de casos individuales, se señala que “si bien el ministro de Vivienda, Carlos Montes, no conocía la situación que afectaba a su cartera, existe un reproche por la diligencia con la que actuó frente a los hechos ocurridos. Lo anterior porque debió fiscalizar la forma en la que subalternos y seremías llevaban a cabo los procesos”.
Así se apunta también contra la ex subsecretaria Tatiana Rojas, aseverando que estaba en conocimiento de los hechos y actuó con negligencia, al no dar a conocer los antecedentes a la Justicia, al igual que el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, quien tomó conocimiento de los hechos días antes de que estos salieran a la luz pública, por lo que “su omisión permite cuestionar su continuidad”.
Junto con ello, se cuestionó su resistencia a no asistir ante la comisión investigadora, hasta que un pronunciamiento de Contraloría lo instó a hacerse presente.
