La Cámara de Diputados y Diputadas votó este miércoles la acusación constitucional contra la ex ministra de Defensa, Maya Fernández, luego de la fallida compraventa de la casa del ex presidente Salvador Allende.
Bajo este contexto, la votación arrojó un resultado de 70 votos en contra y 64 a favor, por lo que se rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional contra Fernández.
Esta sesión se llevó a cabo luego de que este martes la comisión revisora se manifestará en contra del libelo acusatorio, hecho por el cual se despachó con informe negativo a la Sala de la Cámara de Diputados.
Así fue la llegada de Maya Fernández al Congreso para enfrentar la acusación constitucional
Maya Fernández llegó bien acompañada a la Cámara Baja para enfrentar la acusación constitucional. La ex secretaria de Estado arribó junto a los ministros del Interior, Álvaro Elizalde (PS); Educación, Nicolás Cataldo (PC) y la vocera subrogante Aisén Etcheverry (FA).
Esta situación despertó las críticas del diputado Luis Sánchez (Republicano), quien le exigió explicaciones al Ejecutivo.
“Que nos puedan explicar si todos los ministros que están acompañando acá a la ex ministra Maya Fernández, se piden un día administrativo para estar sentados acá, porque tener al ministro del Interior con la crisis de inseguridad que tenemos, tener al ministro de Educación con la crisis que tenemos en la educación, francamente es otra cachetada más en la cara de todos los chilenos, adicional a que se esté usando la plata de todos los chilenos para financiar la compra de la casa de Salvador Allende”, expuso el legislador.
La fallida compra de la casa de Salvador Allende
La AC contra la ex ministra Maya Fernández surgió a raíz de la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende, que está ubicada en Guardia Vieja.
Sin embargo, esta operación quedó truncada debido a que Fernández era una de las herederas del inmueble, lo cual incumplía con la Constitución.
En específico, a la ex titular de Defensa se le acusó de infringir el artículo 37 bis de la Constitución de la República, que establece que “los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado“.
