La Cuenta Pública de la Fiscalía Nacional fue el escenario para que el presidente Gabriel Boric y Ángel Valencia firmaran la paz, tras la controversia generada por el intento del fiscal Patricio Cooper, a cargo de la arista ProCultura del Caso Convenios, de “pinchar” su teléfono y de allanar La Moneda.
En su alocución, el mandatario expresó que “cuando se generan tensiones en las instituciones, siempre hay que volver a los principios de justicia, y yo como presidente de la República, como Jefe de Estado, tengo una profunda convicción en que hay que dejar que las instituciones funcionen y que nadie, nadie en Chile está por sobre la ley”.
En esta línea, el presidente Boric dejó en claro que “confío en la institucionalidad chilena y yo personalmente y todo el Gobierno siempre, siempre, y es la instrucción que yo he dado, va a tener toda la disposición para colaborar con la justicia en cumplimiento de la ley”.
Estas palabras del jefe de Estado distan de las indicadas por la vocera Aisén Etcheverry, quién pidió explicaciones al Ministerio Público respecto al intento de “pinchazo” a Boric.
“Estamos a la espera de que la sea la propia Fiscalía quien pueda aclarar si es que este trascendido que se conoció hoy es cierto o no es cierto y a partir de ahí, bueno, tomar los resguardos que sean necesarios”, puntualizó la vocera.
Esta postura no fue respaldada por otros miembros del Gabinete, como Luis Cordero o Jaime Gajardo, quienes apuntaron a que “el Gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley. Las filtraciones implican una sanción a la ley. En el caso de las investigaciones de delitos con secreto reforzado implica responsabilidades mayores. El Gobierno lo único que pide es que se cumpla la ley, no le corresponde estar pidiéndole rendiciones de cuentas a nadie, simplemente cumplir la ley”.
Esta diferencia de énfasis en el Ejecutivo fue centro de cuestionamientos desde el Congreso, donde el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), que declaró “he visto una línea que ha seguido el Ministro Cordero, que me parece correcta, que es mantenerse ajeno, pero la vocera, al parecer, no ha entendido la diferencia que existe entre los poderes de Estado. Nosotros no podemos interferir en las decisiones que tome un fiscal, sobre todo si son para investigar delito”.
Esta visión fue compartida desde el oficialismo, ya que el diputado Leonardo Soto, vicepresidente del PS, sostuvo que “el Ministerio Público es un órgano que tiene autonomía constitucional y por ello no debe entregar explicaciones al Gobierno por diligencias investigativas que decreta dentro de su competencia”.
