A principios de esta semana llegó hasta la Secretaría General del Senado una comunicación formal de la Policía de Investigaciones (PDI) que informaba que 14 funcionarios de la Corporación habían salido del país con licencia médica vigente.
La alerta de la policía se da a propósito de una solicitud de la Mesa del Senado, encabezada por Manuel José Ossandón (RN). El legislador, luego de que Contraloría destapara más de 25 mil casos de esta índole, anunció que la Cámara Alta realizaría su propia investigación puesto que el ente liderado por Dorothy Pérez no tiene facultades para fiscalizar el Poder Legislativo.
A esa determinación se sumó el diputado José Miguel Castro (RN) quien anunció que también se iba a pedir información a la PDI para también levantar sumarios.
Para conseguir la información, Ossandón ofició a la institución policial a través del secretario de la corporación, Raúl Guzmán, para solicitar registros de salidas al extranjero de funcionarios que permanecían con licencias médicas entre 2023 y 2024, mismo periodo auditado por la Contraloría.
De esa manera, se obtuvo el registro de los 14 funcionarios —de planta, a contrata, asesores e incluso de TV Senado— quienes serán sometidos a sumarios, según adelantó el mismo Ossandón.
“Si la cosa es como parece, aquí lo más seguro es que va a haber destituciones”, dijo el presidente de la Cámara Alta.
Las eventuales irregularidades en la arremetida del Congreso
El problema de la arremetida fiscalizadora de las Cámaras es que, según denuncian funcionarios, hay varias zonas grises respecto a la fiscalización que ya pusieron en marcha ambos presidentes del Congreso. Una de ellas, las más importantes, es que el Congreso no tendría vigente convenios con la PDI para realizar el cruce de información.
“Estamos de acuerdo con que se investigue, que caiga quien caiga en esto. Es muy importante que haya transparencia de cara a la ciudadanía. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho presente es que las instituciones deben actuar acorde a sus atribuciones. En este caso se hizo un anuncio, de forma anticipada, de algo que la verdad hoy día tiene escasas atribuciones”, dicen a EL DÍNAMO desde la Asociación de Funcionarios Trabajadores Parlamentarios de Chile (AFUTRAPARCH).
En concreto, desde la asociación que agrupa a asesores de la Cámara, plantean que las autoridades no tienen la atribución de “realizar cruces de información vía PDI, Suseso o Compin” y advierten: “Esto es algo que tiene que trabajar la Cámara para el futuro, pero que hoy día pone en la palestra la posibilidad de que estos sumarios que se lleguen a iniciar —o que debiesen tener término en algún momento— signifiquen el día de mañana una demanda para el Congreso Nacional y, por ende, una carga al gasto público, ya que se deberían pagar indemnizaciones por estás medidas que están fuera de las atribuciones correspondientes”.
La situación fue advertida por el mismo Castro que, en el contexto de la Cuenta Pública, sinceró que no hay un camino establecido para llevar adelante los sumarios que se busca abrir contra funcionarios que hayan utilizado de forma fraudulenta sus licencias.
“Hay que hacer el cruce con la (información de) PDI. No somos la Contraloría, pero lo vamos a hacer de alguna u otra forma, hacer un convenio, lo que sea, pero lo vamos a hacer”, dijo Castro anunciando que ya se estaban investigando eventuales casos de mal uso de licencias.
Respecto a lo sucedido en el Senado, donde ya se abrieron sumarios, el presidente de la Asociación de Profesionales de Secretaría del Senado, Francisco Javier Vives sostuvo que “la PDI es un organismo público, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, y es la que está a cargo de controlar la entrada y salida al país, de chilenos y de extranjeros. Por lo tanto, desconozco, insisto, si el secretario general tiene atribución”.
Otro aspecto al que apuntan los funcionarios del Congreso es la facultad que tiene el Senado para emitir sanciones. En la actual legislación, a diferencia de la Contraloría, no está claro si se tienen facultades para sancionar a funcionarios que hayan incurrido en faltas a la probidad.
De hecho, desde las asociaciones de funcionarios apelan a un fallo de la Corte de Apelaciones del 2022 —mucho antes de que se destapara el caso por la CGR— en que se multó al Hospital de Talca por desvincular a una funcionaria por incumplir el reposo dispuesto por una licencia médica.
En esa oportunidad, el tribunal de alzada determinó que “el único órgano público que tiene la competencia para fiscalizar el cumplimiento o inobservancia de la licencias médicas en Chile e incluso denunciar los hechos a los Tribunales de Justicia, es el COMPIN”.
En el Congreso, en tanto, no se goza de una facultad especial para sancionar el mal uso de licencias médicas.
