El Ministerio del Interior salió a aclarar la polémica por la indicación presentada por el subsecretario de la cartera, Máximo Pavez, en el proyecto de mejoramiento de expulsiones administrativas, donde obligaba a estamentos como consultorios, hospitales y colegios, entre otros, a reportar a migrantes irregulares.
Esta propuesta fue presentada ante la Comisión de Gobierno del Senado, donde se busca que “todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado deberá entregar información requerida por la autoridad migratoria respecto de extranjeros sometidos a procedimientos en trámite”.
Entre esta información está “el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación”.
Frente a esta situación, la ministra de Salud, May Chomali, aseveró que “nosotros no podemos desde el Ministerio de Salud informar de estos temas, porque esa es información que se está entregando en el contexto de una atención sanitaria y eso está resguardado por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los pacientes. Eso lo vamos a defender absolutamente”.
Esta postura fue ratificada por el superintendente de Salud, Fernando Riveros, quien declaró a radio Cooperativa que los datos clínicos son “sensibles y confidenciales”.
Ministerio de Interior responde ante llamado a “acusar” a migrantes irregulares
Frente a esta controversia, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a poner paños fríos, explicando a La Tercera que “esta es una indicación que no tiene como propósito inmiscuirse en toda la Ley de Protección al Paciente, sino que es simplemente solicitar información de acuerdo a los nuevos marcos jurídicos legales establecidos, como la Ley de Protección de Datos, porque el Servicio de Migraciones tiene hoy día esa facultad de pedir cierto grado de información y esa información hay que adecuarla al nuevo marco jurídico”.
Por su parte, el propio subsecretario Máximo Pavez, impulsor de la indicación, aseveró que “lo único que propone la indicación es que, habiendo un procedimiento en el marco de la Ley Migratoria, ya sea para sancionar o para expulsar, la autoridad migratoria respectiva, ya sea el servicio o la Policía de Investigaciones, pueda contar con información para poder ejecutar esos procedimientos”.
“Acá no existe en el texto, nunca ha estado en el texto ni en la intención del gobierno, ninguna obligación que se parezca a un reporte o denuncia, porque eso no está en el espíritu de la ley”, aclaró Pavez.
