Chile suele reaccionar tarde a sus problemas institucionales. La justicia civil es uno de los mejores ejemplos. Mientras el país ha destinado buena parte de su energía legislativa a responder a la crisis de seguridad, la modernización de los tribunales civiles lleva más de una década en espera. El resultado es conocido por cualquiera que haya tenido que resolver un conflicto, cobrar una deuda, exigir el cumplimiento de un contrato o enfrentar un juicio ordinario: la justicia civil llega tarde, cuesta caro y muchas veces simplemente no resuelve.
El Código de Procedimiento Civil fue promulgado en 1903. Ha tenido reformas parciales, pero sigue respondiendo a una lógica escrita, formalista y lenta, lejos de los estándares de una sociedad digitalizada y una economía que necesita certezas. Chile modernizó la justicia penal, creó tribunales de familia y reformó la justicia laboral. Sin embargo, la justicia civil, que resuelve buena parte de los conflictos cotidianos, continúa operando con una arquitectura propia de otro siglo.
No es difícil entender por qué, según la Encuesta Bicentenario UC 2025, solo un 10% confía en los Tribunales de Justicia. De acuerdo con cifras del Poder Judicial, en 2025 un recurso ante la Corte Suprema tardaba en promedio 71 días, pero 279 si debía ser visto por el pleno. En la Corte de Apelaciones de Santiago, una casación podía demorar 603 días, un recurso de nulidad 287 y una apelación 202. Para una sociedad acostumbrada a la inmediatez, esos plazos son incomprensibles. La justicia que tarda no es justicia.
La justicia implica generar institucionalidad para resolver problemas concretos. Si los contratos no se cumplen oportunamente, si cobrar una deuda toma años, si litigar cuesta más que el beneficio esperado o si los recursos se transforman en una estrategia para dilatar los juicios, el sistema deja de solucionar conflictos y pasa a convertirse en parte del problema, profundizando la conflictividad social. Es lamentable que las facultades de Derecho insistan en enseñar que “un mal acuerdo es mejor que un buen juicio”.
Un nuevo estudio de CLAPES UC (¿Cuánto cuesta no reformar la Justicia Procesal Civil?, abril de 2026) ayuda a ponerle números al drama. Su conclusión es impresionante: una reforma procesal como la actualmente en tramitación podría generar un aumento del PIB per cápita y del PIB total de entre 0,3% y 1,9% en uno a dos años. Es decir, mejorar la calidad de los procesos, facilitar el cumplimiento de contratos y reducir los tiempos de ejecución de sentencias no solo mejora la justicia; también dinamiza la economía.
En un país con estrechez fiscal y baja confianza institucional, resulta contradictorio seguir postergando esta reforma. La pregunta ya no debería ser solo cuánto cuesta reformar, sino cuánto estamos dispuestos a seguir pagando por no hacerlo. La agenda penal seguirá siendo prioritaria, y con razón.
Pero la urgencia penal no puede ser excusa permanente para abandonar la justicia civil. Un Estado moderno no solo debe perseguir delitos; también debe resolver conflictos, hacer cumplir contratos y entregar justicia oportuna a quienes no pueden esperar años.
La Reforma Procesal Civil no genera titulares fáciles ni promete resultados inmediatos. Las reformas institucionales importantes suelen ser silenciosas y complejas. Pero también son las que, cuando se hacen bien, cambian la vida cotidiana.
Durante demasiado tiempo se ha discutido el costo de reformar. El informe aludido nos recuerda lo evidente: también existe un costo de no reformar. Y ese costo lo pagan las personas, la economía y la confianza en nuestras instituciones.
