El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, con lo que se sumó a la misma medida requerida por la Fiscalía Metropolitana Oriente y la Municipalidad de Maipú.
La petición la efectuó el CDE en su calidad de querellante en el caso, a través de un “téngase presente” que presentó el pasado 11 de julio ante el tribunal de alzada capitalino, al que le pidió que le retire al esposo de Cathy Barriga las prerrogativas que posee debido al cargo que detenta.
Según lo resuelto por la corte este martes, el CDE pasó a ser parte de la solicitud de desafuero que realizó el 27 de junio la Fiscalía Metropolitana Oriente, la que pretende formalizar al legislador por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias.
La Municipalidad de Maipú, encabezada por Tomás Vodanovic, también pidió la misma medida contra el esposo de la ex alcaldesa, Cathy Barriga.
De acuerdo con lo planteado por el Ministerio Público en su acción ante el tribunal de alzada, el diputado Joaquín Lavín empleó fondos del Congreso y obligó a sus asesores parlamentarios a trabajar en el desarrollo de la plataforma Socialtazk, un software utilizado para recolectar bases de datos de votantes y que fue ofrecida a más de 70 candidatos de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
CDE y financiamiento irregular de la campaña parlamentaria de Lavín
Al respecto, la Fiscalía estimó en más de 93 millones de pesos el perjuicio fiscal debido a estas operaciones. A ello se suman otros 104 millones de la moneda nacional para financiar irregularmente su campaña parlamentaria, los que fueron justificados con documentación falsa.
En esa línea, el CDE planteó en el escrito en que pidió el desafuero del diputado Joaquín Lavín León que “los querellados se concertaron para rendir gastos improcedentes, abultados y falsos, sin mediar prestación de servicio alguno relacionado con las funciones propias del ejercicio del parlamentario”.
A la vez, el órgano persecutor le atribuyó al diputado Lavín el delito de tráfico de influencias, dado el rol de “alcalde en las sombras” que desempeñó mientras su esposa Cathy Barriga era la jefa comunal en Maipú.
“Se constató que desde el inicio de la administración municipal de su cónyuge, el imputado, quien es diputado del distrito, se interesó tanto económica como políticamente en diversas operaciones y contratos, contexto en el que valiéndose de su especial posición como diputado de la República y de su vínculo personal con la máxima autoridad municipal, influyó en diversos funcionarios públicos municipales con el objeto de que estos tomaran decisiones favorables a sus intereses dentro de la Municipalidad de Maipú“, detalla la solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía Metropolitana Oriente.
