“Cada partido tiene la libertad de nominar a quien estime conveniente”. Así respondían los presidentes y negociadores de los partidos políticos del oficialismo cuando eran requeridos por la candidatura de Daniel Jadue al Distrito 9.
Las dudas sobre su candidatura tenían que ver con la situación judicial que atraviesa el ex alcalde de Recoleta, acusado de delitos de corrupción en el marco de la investigación del Caso Farmacias Populares. Los resquemores de la alianza apuntaban a dos sentidos: la posible afectación a la campaña presidencial y parlamentaria, y la opción de que la candidatura fuera impugnada.
Pero a pesar de que en el oficialismo tenían conciencia de la delicada situación de Jadue, el Partido Comunista (PC), liderado por Lautaro Carmona, decidió inscribirlo de todas maneras.
La consecuencia, luego de la decisión del Tercer Juzgado de Garantía que ratificó la calidad de acusado de Jadue, es la inminente impugnación de su candidatura a la Cámara de Diputados.
¿La razón? Según en la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios advierte que el Consejo del Servel deberá rechazar las declaraciones de candidaturas que no cumplan con los requisitos de elegibilidad. Uno de ellos es que el candidato tenga derecho a sufragio, el cuál se le suspendió a Jadue al ser ratificada la acusación del Ministerio Público.
Como el Servel ya había publicado el padrón al momento de recepcionar la nómina de candidatos el pasado 18 de agosto, la candidatura de Jadue deberá esperar el pronunciamiento del órgano electoral y, eventualmente, los requerimientos interpuestos ante el Tricel.
Por lo pronto, ya se han anunciado dos: uno por parte de Christian Espejo (UDI), querellante de la causa que anunció una presentación ante el Servel para impugnar la candidatura, y otro por Renovación Nacional por medio de su abogado Marcelo Brunet.
El lamento oficialista y las críticas al PC
Esta situación generó molestia en las huestes oficialistas y de paso afectó el naipe respecto a las candidaturas parlamentarias, ya que el pacto Unidad por Chile tendrá un candidato menos en el Distrito 9, debido a la imposibilidad que tendrá Jadue para competir.
Consultados dos altos dirigentes del oficialismo que representaron a sus partidos, reconocen que este escenario era sabido por todos en la mesa negociadora, pero que no fue discutido ya que el PC no quiso bajar la candidatura a pesar de estar conscientes de esta posibilidad.
Consultado por EL DÍNAMO, el diputado del Distrito 9 y candidato a la reelección por el Frente Amplio, Andrés Giordano, lamenta que la situación no se haya abordado con la rigurosidad necesaria para no evitar la afectación de la lista oficialista que se presenta en la zona.
“Tener un candidato menos que otras listas es un problema (…) Esta situación era previsible, pero lamentablemente el riesgo no fue atendido por quienes lo impulsaron como candidato, pero hoy es momento de mirar hacia adelante y reafirmar que nuestros representantes están plenamente enfocados en responder a las urgencias de la ciudadanía, no en procesos judiciales”, dice Giordano.
El lamento del diputado es compartido por otros personeros del oficialismo consultados y que apuntan al PC, pero que optaron por no referirse públicamente debido a la tensión ya vigente en el comando debido a las críticas empleadas por Carmona contra Mario Marcel y que desataron una guerra interna en el comando entre el PC y el resto de la alianza.
Uno de los comentarios que más se repite es que la actitud del PC y el blindaje a Jadue —que además de su situación judicial incomoda por sus salidas de libreto— terminará costando caro en las elecciones de noviembre. Por lo que, coinciden en la alianza, el PC deberá hacerse responsable en su momento si es que los resultados son adversos.
Respecto a la situación específica de enfrentar la elección con un candidato menos, Giordano reafirma que “hay una responsabilidad clara en quienes promovieron sin reservas la postulación de una persona que ya enfrentaba una acusación por delitos graves y una cautelar de arresto domiciliario”.
Y sentencia: “Este riesgo era, objetivamente, plausible y algunos sectores del oficialismo lo habían advertido oportunamente. No se trata de prejuzgar ni desconocer la presunción de inocencia, sino de actuar con responsabilidad. Es legítimo preguntarse si fue la decisión correcta”.
