La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de voto obligatorio que establece sanciones para quienes no participen en las elecciones presidenciales y parlamentarias, pero sin determinar multas.
La propuesta de la diputada Johanna Pérez (Demócratas) buscaba una sanción de entre 0,5 y 3 UTM ($34.000 y $207.000) para los ciudadanos chilenos que no votaran, excluyendo de ésta a los extranjeros con derecho a voto.
Sin embargo, en la votación del articulado por el Pleno de la Cámara, esta norma de rango constitucional no alcanzó los 77 votos favorables exigidos como mínimo. Solo registró 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones.
Desde el oficialismo, la diputada Camila Musante (IND-PPD) destacó que “los votos, para que finalmente prosperaran estas ideas de cucutazo electoral, no estuvieron disponibles”.
Por su parte, el radical Rubén Oyarzo precisó que “la derecha es la culpable por no querer legislar el tema de fondo, que es ¿queremos que un millón de extranjeros elijan presidente o presidenta? ¿Queremos que gente sin arraigo en el país vote y elija el futuro de nuestro país?. Por lo menos yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso creo que lo que pasó es responsabilidad de la derecha”.
“Lamentablemente no abordó el tema de fondo que es si los extranjeros deben o no deben votar y esta anomalía que hay donde en sólo cinco países del mundo puedan votar para presidente”, remarcó.
En la vereda contraria, Johanna Pérez apuntó a la responsabilidad del Gobierno en el rechazo al “corazón” de la iniciativa de su autoría, aseverando que “hoy hemos visto que el Gobierno no cumple su palabra, hemos visto que lamentablemente se mintió en la Sala por parte de muchos parlamentarios oficialistas”.
“Le mintieron también a la ciudadanía, porque el proyecto que estábamos viendo hoy no tenía nada que ver con el voto en el extranjero. Eso se votó y fue ley el 2022, reforma constitucional, donde votaban electores, y ahí nadie reclamó”, acusó Pérez.
