Este jueves, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sufrió un duro golpe luego de que se presentara una solicitud de desafuero en su contra.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, presentó dicho recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco del Caso ProCultura, donde el ex militante de la Democracia Cristiana aprobó un convenio directo por más de 1.600 millones de pesos con la ONG de Alberto Larraín.
Bajo este contexto, se indagan presuntos delitos de cohecho y fraude al fisco. Del monto que se adjudicó la fundación para la ejecución del programa de prevención del suicidio Quédate, mil millones no fueron rendidos ni devueltos al gobierno regional.
En este marco, los ministros del tribunal de alzada deberán resolver si acogen o no la solicitud del Ministerio Público, cuyo fallo es apelable a la Corte Suprema.
Si se acoge el desafuero de Claudio Orrego, la Fiscalía Regional de Antofagasta podrá formalizar al gobernador metropolitano y solicitar medidas cautelares en su contra.
Lo anterior, significa un nuevo golpe contra la autoridad regional, quien también enfrenta un requerimiento que presentaron consejeros regionales de oposición, que buscan su destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
La defensa de Claudio Orrego ante solicitud de desafuero
Luego de que se diera a conocer que se presentó la solicitud de desafuero, el abogado defensor de Orrego, Rodrigo de la Barra, declaró que “no hemos sido notificados ni hemos tenido acceso al texto de la solicitud. Respecto del denominado Caso ProCultura, el gobernador declaró voluntariamente ante el fiscal Cooper en diciembre de 2024 y hemos aportado todos los antecedentes relativos a los programas adjudicados y ejecutados por la Fundación, así como las acciones emprendidas por el Gobierno Regional para la custodia y recupero de los dineros públicos asignados”.
“Queremos reafirmar, con total claridad, que el gobernador Claudio Orrego no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones. Confiamos plenamente en que, una vez que tengamos acceso al contenido de la solicitud y se analicen los antecedentes, quedará jurídicamente acreditado que la actuación del Gobernador ha sido ajustada a derecho y en resguardo del interés público”, sentenció.
