El pasado viernes se confirmó el peor escenario posible para el Partido Comunista: el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) suspendió los derechos políticos de Daniel Jadue quedando inhabilitado para competir por la elección a la Cámara de Diputados por el Distrito 9.
Por tres votos contra dos, el Tricel acogió el requerimiento interpuesto por el abogado de Renovación Nacional (RN), Marcelo Brunet, que buscaba la exclusión del ex alcalde del padrón electoral. ¿El argumento? Jadue está en condición de “acusado” de delitos de corrupción por el Ministerio Público por lo que la Constitución prohíbe su postulación.
La exclusión del ex alcalde de Recoleta de la papeleta parlamentaria tiene un efecto práctico y doloroso para el oficialismo: en el Distrito 9 competirán con un candidato menos que el resto de las listas. Esto, ya que la legislación vigente no permite el reemplazo de candidatos inhabilitados por decisión del Tricel u otro órgano electoral competente.
La noticia generó duros reparos al PC por haber presentado a Jadue sabiendo que su candidatura era fácilmente impugnable y el riesgo que significaba a la lista de la alianza.
“Qué dirá Carmona, qué explicación le va a dar a los chilenos que ven que este señor y otros han apostillado la candidatura de Jeannette Jara. Lo de Jadue se veía venir”, dijo el jefe de la bancada de la DC, Héctor Barría.
Al igual que Barría, otros dirigentes del oficialismo comentaron durante el fin de semana que era “esperable” la resolución del Tricel. Pero a pesar de que todos estaban conscientes del desenlace, nadie puso las alertas en las instancias definidas para acordar las candidaturas.
Así lo confirman fuera de micrófono tres negociadores que estuvieron presentes en la mesa del oficialismo a este medio: en los meses que se negoció la lista parlamentaria, ningún presidente de partido, secretario general o delegado electoral, de ninguna tienda, le transmitió a Lautaro Carmona o Bárbara Figueroa que era un peligro llevar a Jadue.
En cambio, todos los partidos fijaron su posición en que no podía haber vetos y que cada partido debía hacerse responsable de sus propias definiciones.
Fue el diputado e incumbente por el distrito, Andrés Giordano (FA), quien realizó una crítica en ese sentido.
“Lo ocurrido con Daniel Jadue refleja un riesgo que debió haberse considerado antes de presentar su candidatura”, lanzó Giordano.
Y acotó: “Son los partidos y los propios candidatos quienes tienen la responsabilidad de esa evaluación, resguardando la integridad de quienes aspiran a cargos públicos, la igualdad en la competencia electoral y, con ello, la legitimidad de nuestro proceso democrático”.
Oficialismo pierde un “cabeza de serie”
Si bien Jadue era resistido por la alianza debido a sus ácidas críticas al Gobierno de Gabriel Boric y poner en aprietos a su compañera de militancia y candidata de la coalición, Jeannette Jara; era sabido que su nombre fue considerado como un “cabeza de serie” en la parlamentaria.
Considerando que las dos primeras mayorías del distrito no competirán en la reelección este año (Cariola competirá en el Senado y Maite Orsini fue vetada por el FA), el ex jefe comunal era la figura con mayor nivel de conocimiento de los candidatos que buscan un estaño por la zona.
De hecho, los dos incumbentes —Giordano y Boris Barrera (PC)— fueron arrastrados por sus respectivas duplas.
Ahora, sin figuras de gran connotación como Cariola que obtuvo mayoría nacional en 2021, las expectativas del oficialismo se han reducido drásticamente.
Junto a Giordano y Barrera compiten el ex alcalde de Huechuraba Carlos Cuadrado y Sandra González por el PPD; el ex convencional César Valenzuela y Carola Rivero por el PS; y Leonardo Jofré por el Frente Amplio.
En contraparte, los pactos de oposición llevan nombres estelares. Chile Vamos, por ejemplo, va con dos presidentes de partido: Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y Juan Manuel Santa Cruz, timonel Evópoli; además de Aldo Duque (IND-RN) y la diputada Erika Olivera (Demócratas).
