Los abogados del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, entregaron este martes al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) la respuesta ante el requerimiento de destitución que presentó un grupo de consejeros contra la autoridad regional.
De acuerdo con lo expuesto por los consejeros de oposición, Orrego fue acusado de faltas a la probidad y abandono de deberes, tras el informe de la Contraloría que apuntó que el gobernador metropolitano habría empleado recursos públicos en su campaña de reelección.
En el documento, los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz entregaron los argumentos jurídicos por los cuales, según ellos, el libelo no tiene sustento. A la vez, exigieron “su total e íntegro rechazo, con expresa condena en costas”.
“El requerimiento de autos no busca otra cosa que instalar una falsa imagen de descontrol en la administración del Gobierno Regional Metropolitano, hecho inefectivo y derechamente falso”, añadió el texto, según informó La Tercera.
El escrito detalló que Orrego ha ejercido su cargo “con estricto apego a las disposiciones legales, reglamentarias, circulares y contabilidad gubernamental exigibles, por lo que no ha incurrido en responsabilidad de ninguna naturaleza“.
Respecto del informe de la Contraloría, el documento planteó que “las afirmaciones o conclusiones a que llega no tienen el valor probatorio absoluto que se les pretende atribuir“.
Más argumentos de Orrego ante petición de destitución del Tricel
Más adelante, los defensores del gobernador indicaron que “el requerimiento de autos fue presentado por abogados que carecen de mandato judicial válido, puesto que los abogados no pueden constituirse a sí mismos como mandatarios judiciales, sino que requieren de un acto expreso de los consejeros, debidamente autorizado por ministro de fe y en la forma prevista por la ley”.
Detallaron además que, de acuerdo con la ley, “la remoción de un gobernador solo puede ser solicitada por un número determinado de consejeros regionales, y que esta facultad es de carácter personalísimo, intransferible e indelegable”.
Por otra parte, los abogados de Claudio Orrego plantearon que el requerimiento de destitución ante el Tricel invoca actos ocurridos antes de que el gobernador iniciara su gestión, y recalcaron que “la responsabilidad política o administrativa vinculada a un mandato público está necesariamente limitada al periodo en ejercicio“.
La respuesta de la defensa de Claudio Orrego al Tricel se produjo el mismo día en que el tribunal confirmó la admisibilidad del requerimiento, tras rechazar un recurso de nulidad presentado por su defensa.
