Luego de que se destapara públicamente el caso de Bernarda Vera, una mujer que se encuentra en la lista de personas detenidas desaparecidas durante dictadura y que estaría viviendo en Argentina, la oposición inició una ofensiva contra el ministro de Seguridad, Luis Cordero, por su eventual responsabilidad penal en el delito de prevaricación administrativa por omisión cuando se desempeñaba en la cartera de Justicia.
Dirigentes del Partido Nacional Libertario (PNL), junto al abogado de Derechos Humanos, Max Murath, entregaron detalles sobre la querella criminal que presentaron contra el secretario de Estado, la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, y contra quienes resulten responsables del “presunto fraude” que acusaron en el marco de este caso.
En este contexto, el vicepresidente de la colectividad, Hans Marowski, apuntó a la “probidad administrativa de los funcionarios públicos, sobre todo de los altos funcionarios públicos para que estos fraudes no sigan ocurriendo”.
De acuerdo a lo que el explicó el abogado Murath, la querella que presentaron ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago está relacionada con el “delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales respecto a la señora Bernarda Vera Contardo (…) y también una acción criminal en contra del ex ministro de Justicia Luis Cordero, por su responsabilidad penal por el delito de prevaricación administrativa por un omisión y también contra la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano” por el mismo ilícito.
En esa línea, enfatizó que “consideramos que el hecho de ocultar, de esconder y de no denunciar a la Fiscalía y a los jueces, la información que una persona al parecer había sido calificada como detenida desaparecida por la comisión Rettig estaba viva y que producto de eso se estaba obteniendo fraudulentamente una pensión para un tercero, que es un familiar, nos parece grave”.
La arremetida de la UDI contra el ministro Cordero por Caso Bernarda Vera
Durante esta misma jornada el diputado Jorge Alessandri (UDI), junto al abogado Pablo Toloza, acudieron a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para interponer una denuncia contra el ministro Cordero por presunta comisión de delito al no informar la aparición de Bernarda Vera en Argentina y permitir que su familia continuara recibiendo recursos del Estado.
“Los funcionarios públicos tienen la obligación cuando toman conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito, tienen que denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público“, expuso el parlamentario. Sin embargo, mencionó que el Gobierno “supo con certeza desde mayo del 2024 que Bernarda Vera estaba en Argentina, que era la misma persona, no lo denunció al Ministerio Público para investigar”.
A lo que añadió: “Había que denunciarlo, porque hay un pago del Estado que se está haciendo a una persona que no lo merecía según la ley, o sea, había un fraude al fisco. La hemos hecho contra quienes resulten responsable, no sólo al Ministerio de Seguridad, en el nombre del ministro Luis Cordero, sino que también nos hemos enterado que sabían en La Moneda, que sabía don Carlos Durán, jefe de gabinete, quizás sabía el Presidente de la República y hemos tenido esta discusión antes, a propósito del Caso Monsalve”.
Por su parte, el abogado Pablo Toloza expresó que “no son las autoridades quienes tienen que investigar este caso, sino que son los tribunales de justicia y el estatuto administrativo señala que hay fechas perentorias para hacer la denuncia y eso no se hizo. Hay una infracción a las normas legales y al Código Procesal Penal, y eso estimamos que la Fiscalía debe investigar“, concluyó.
