La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la norma que limitaría los despidos de funcionarios del Estado y descartó que se trate de un “amarre” tras las críticas de la oposición.
A pocos meses del cambio de mando, personeros de Chile Vamos y del Partido Republicano cuestionaron la medida, acusando que la intención es asegurar la permanencia de operadores políticos de la actual administración en el futuro Gobierno de José Antonio Kast.
En conversación con Radio Infinita, Camila Vallejo se refirió a estas críticas y manifestó que la iniciativa tiene el objetivo de reforzar derechos laborales y evitar abusos en los despidos.
“Uno de los temas tuvo que ver con reforzar ciertos derechos laborales para evitar la discrecionalidad abusiva que genera los despidos arbitrarios y alinear cada vez más las normas al trabajo decente”, expresó.
Siguiendo en esa línea, la secretaria de Estado expuso que “esto tiene que ver con garantías laborales para funcionarios públicos, que no tienen que ver ni siquiera con la discusión sobre asesores o personas de confianza que van a presentar con el cambio de gabinete”.
En este marco, la ministra Vallejo enfatizó que la medida no impide los despidos, sino que solamente establece resguardos. “No es que los funcionarios públicos no se puedan despedir, sino que se dan ciertas condiciones y garantías para evitar los despidos arbitrarios”, aseguró.
Cuántos funcionarios públicos podrían “beneficiarse” por el proyecto de “amarre”
Ante esto, Arturo Squella expresó a La Segunda que si “el Gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación“, cuando abordó esta situación y el reajuste al sector público.
En este contexto, de acuerdo al economista David Bravo, director de Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, se puede estimar que “el acuerdo rigidiza el estatus de contrata de casi 380 mil personas que están en el sector público”, según consigna Ex-Ante.
“Es un número muy significativo si se considera que hoy los funcionarios de planta, que tienen mayor rigidez, del Gobierno Central y municipalidades son cerca de 245 mil personas. Ahora con el acuerdo se añade a este grupo a casi 380 mil personas adicionales”, expresó.
Por su parte, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) asegura que no se ha realizado un estudio sobre la cantidad de personal a contrata del Estado. No obstante, se estima que los beneficiados con esta norma serían cerca de 400 mil funcionarios.
