Una gran polémica ha generado la norma que el Gobierno ingresará a la ley de reajuste al sector público, la cual ha sido catalogada de “amarre” a funcionarios, ya que limita sus despidos.
En concreto, la indicación innova en la materia de despidos de funcionarios públicos añadiendo un requisito extra: sólo podrán ser removidos a través de “acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.
Dicha iniciativa contempla a los trabajadores con al menos “dos años de servicios continuos”, quienes podrán “reclamar por vicios de legalidad” ante la Contraloría General de la República, en caso de no renovación de su designación.
¿Cuántos funcionarios que llegaron en el Gobierno quedarían “blindados”?
Lo anterior, ha desatado diversas críticas por parte de la oposición, donde aseguran que el Ejecutivo quiere “amarrar” a funcionarios que ingresaron durante la gestión del presidente Gabriel Boric.
De acuerdo al cálculo que realizó el centro de estudios Horizontal en base al Informe Trimestral de Recursos Humanos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), los funcionarios a contrata que entraron durante la actual administración y que serían beneficiados por la norma son 32.767.
De la cifra total de nuevos funcionarios, estos se concentran mayoritariamente en salud y educación. En detalle, 22.949 se encuentran en el sector de salud, 4.688 en educación, 1.825 en gobiernos regionales, 988 en el Ministerio de Obras Públicas, 818 en Hacienda y 693 en Desarrollo Social.
Con una menor cantidad de funcionarios que serían “blindados” está Defensa con 398, Agricultura con 327, Trabajo con 291 y Vivienda con 154.
En los datos que publicó Emol, también se destaca que 119 funcionarios a contrata llegaron a Medio Ambiente junto al Gobierno, mientras que en Energía fueron 113, en Relaciones Exteriores 93, en Economía 88, en Deporte 80, en Cultura 79, en Transporte 77, en Segegob 62, en Bienes Nacionales 29, en Segpres 24, en Justicia 20, en Mujer 9 y en Minería 4.
Estos números tienen que ver con quienes se verían beneficiados con la norma. En total, en esta administración ingresaron 54.699 funcionarios a contrata, pero solo quedarían blindados 29.216, que son los que cumplirían el requisito de dos años de antigüedad en marzo de 2026.
