Tras una nueva liberación de un reo por error, diputados de Renovación Nacional (RN) pidieron la renuncia del ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y del director de Gendarmería, Rubén Pérez.
Fue el pasado 24 de diciembre cuando ocurrió esta situación, luego de que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago ordenara el ingreso del imputado Mathias Fuentes a prisión preventiva por delitos de maltrato de obra a personal de investigaciones y microtráfico. Sin embargo, el sujeto fue dejado libre.
Bajo este contexto, la bancada de diputados RN emitió un comunicado, señalando que este hecho “deja a la vista un nuevo caso de negligencia en el sistema penitenciario que echa por tierra todos los esfuerzos que hemos realizado como Estado para dar firme combate a la delincuencia”.
Lo anterior, se suma a otros casos previos que “develan negligencias graves en las actuaciones de Gendarmería de Chile”, como en junio fue la fuga del interno Alberto Mejía Hernández, sicario vinculado al homicidio del Rey de Meiggs, o la fuga de tres reos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, que ocurrió solo un mes después.
Las razones de diputados de RN para pedir la renuncia de ministro Gajardo
Los parlamentarios insisten que estos hechos suponen un “enorme riesgo para la seguridad de la población”, teniendo en cuenta el tipo de imputados que son liberados y que estos casos “siembran un manto de duda sobre el recto actuar de Gendarmería, que es hoy objeto de una investigación con ocasión de las serias tramas de corrupción que han salido a la luz pública en los últimos días”.
Frente a estas reiteradas negligencias, la bancada de RN aseguró que “amerita hacer efectiva la responsabilidad política del Sr. ministro de Justicia y Derechos Humanos, en tanto a él le cabe la supervigilancia y la coordinación con Gendarmería de Chile de conformidad con la legislación orgánica de la cartera que encabeza”.
Pese a que reconocen que la continuidad de los ministros dependen del presidente, los parlamentarios sostuvieron que el Congreso Nacional ha puesto a disposición una “serie de herramientas normativas para dar combate a la delincuencia, y que no es posible que esos esfuerzos terminen boicoteados por reiteradas negligencias de un servicio cuya supervigilancia corresponde por mandato legal al Ministro de Justicia y Derechos Humanos”.
