“Promueve la gobernabilidad”. Ese es el “apellido” de la reforma al sistema político (o más bien al sistema electoral y de partidos) que fue aprobada y despachada del Senado este martes y que quedó cerca de convertirse en ley a falta de la aprobación de los diputados.
En concreto, el proyecto que impulsa el Gobierno de Gabriel Boric promete aumentar los requisitos para formar partidos, restringir la postulación de militantes que abandonen sus partidos y reducir el financiamiento a tiendas que no participen en elecciones. En otras palabras, y como han planteado desde el Ejecutivo y el Congreso, cortar con las “pymes políticas”.
En paralelo, la reforma apunta a combatir el discolaje en el Congreso fortaleciendo la labor de los comités parlamentarios y de los jefes de bancada.
En una tensa sesión, los senadores dieron luz verde al articulado de la reforma que ha sido priorizada por el ministro Álvaro Elizalde en desmedro de la iniciativa presentada por senadores y que se encuentra durmiendo en la Cámara Baja.
Si bien la aprobación fue transversal, los senadores independientes o que sus partidos se verían afectados por el cambio legal, arremetieron en duros términos contra el proyecto. De hecho, el senador Iván Velásquez (FRVS) pidió la separación de cuatro artículos con el fin de lograr su rechazo.
Antes, los senadores Karim Bianchi y Rojo Edwards, ambos independientes, ya habían logrado aplazar la votación con recursos administrativos.
Dardos contra la reforma y el Ejecutivo
En la misma sesión, los legisladores independientes, sumándose el PC y el senador PPD, Pedro Araya, plantearon duros cuestionamientos a ciertos flancos del proyecto, en particular al poder que tendrían los partidos y comités sobre los parlamentarios sin contrapeso.
El senador Alejandro Kusanovic (IND) sostuvo que “resulta paradójico que en este mismo Congreso, supuesto bastión de la expresión democrática, se intente profundizar lógicas autocráticas y oligárquicas y dictatoriales en la creación y funcionamiento interno de los partidos políticos, solo con la excusa artificial de querer recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la democracia.
Uno de los más críticos fue el senador Rojo Edwards quien busca inscribir una nueva tienda política denominada Partido Libertad.
El ex republicano apuntó particularmente a la norma que aumenta la exigencia al 0,5% de firmas del padrón electoral para optar a la legalidad. Sobre esto, el senador cuestionó que sean los partidos en formación los que deban cumplir la normativa y no los partidos que ya tienen su legalidad.
“Las exigencias están yendo absolutamente a las nubes. Esto es una protección corporativa de los partidos que están, que en realidad lo que están haciendo es que no quieren competencia”, cuestionó Edwards.
En esa línea, el ex RN apuntó a que “la verdad sea dicha, esta crisis de representatividad y los problemas que atraviesan nuestro sistema político no se resolverán con esta mala reforma”.
La senadora del PC, Claudia Pascual, también puso en tela de juicio los resultados de la reforma apuntando a quiénes “han querido ser incluso faltos de respeto con respecto a otros partidos y los llaman de Pymes”.
“Yo no creo que sea ese el camino, pero sí creo que haya que dar un debate profundo de cómo hoy día mejoramos la calidad de la política desde la perspectiva de representar propuestas programáticas”, manifestó la legisladora.
Y acotó: “Yo prefiero dar ese tipo de debate a que se nos venga a decir que este problema solo es por un problema de la proporcionalidad, de haber terminado con el binominal. Y yo creo que eso no es lo que está en juego acá”.
Araya, a su vez, cuestionó que el Ejecutivo haya puesto el acelerador en la reforma cuando existen otras “prioridades” ante el poco tiempo que le resta al Gobierno.
“No puedo dejar de señalar que resulta discutible que en las postrimerías del gobierno del presidente Boric se esté priorizando una agenda de reformas políticas marginales, cuando existen demandas ciudadanas urgentes”, planteó el senador PPD.
