El presidente electo José Antonio Kast enfrenta por estos días más de un frente abierto. A las tensiones internas por la conformación de su equipo ministerial —marcadas por “gallitos” entre asesores y filtraciones prematuras de nombres— se suma un desafío menos visible, pero clave para su futura administración: la renovación completa de los equipos de confianza del Estado bajo un nuevo y más restrictivo esquema salarial.
Se trata de la entrada en vigencia, en marzo de 2026, de la tabla de remuneraciones definida por la Comisión de Remuneraciones, presidida por el exministro de Hacienda Felipe Larraín, que fijará bandas salariales obligatorias para autoridades, asesores y altos cargos del sector público. Una reforma que busca corregir distorsiones históricas, pero que hoy genera inquietud en el entorno del mandatario electo.
La preocupación silenciosa en el equipo de José Antonio Kast
Fuentes conocedoras del proceso reconocen que, si bien aún es temprano para definir la nómina final de subsecretarios, delegados presidenciales, jefes de gabinete y asesores, el tema salarial ya se instaló como un comentario obligado en las conversaciones preliminares.
La inquietud es clara: las nuevas rentas del sector público podrían no resultar atractivas para los perfiles profesionales que el próximo gobierno necesita reclutar desde el mundo privado, especialmente considerando la promesa de austeridad fiscal que José Antonio Kast ha reiterado durante su campaña y tras su elección.
De hecho, algunos sondeos informales realizados por el entorno del presidente electo habrían dejado en evidencia que, con ajustes que en ciertos cargos implican bajas de entre 20% y 30% respecto de remuneraciones actuales, “los números no cuadran” para varios profesionales.
Pese a ello, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) llaman a la calma. “Es muy temprano para hablar de una eventual escasez de cuadros”, señalan, apuntando a que el interés por participar en el gobierno aún no se traduce en decisiones concretas.
El origen de la nueva tabla salarial
La nueva estructura de remuneraciones tiene su origen en la Ley 21.603, promulgada en 2023 durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, que creó una comisión técnica para establecer criterios uniformes en la alta dirección pública y regular áreas especialmente cuestionadas, como las asesorías y las contrataciones a honorarios.
El trabajo de la comisión quedó plasmado en la Resolución N°5, del 11 de septiembre de 2024, que entrará en plena vigencia el 11 de marzo de 2026 y se aplicará por cuatro años. El documento se elaboró a partir de comparaciones internacionales y reconoce explícitamente la brecha salarial existente entre el sector público y el privado, especialmente en los cargos de mayor jerarquía.
“Se informó sobre la brecha salarial a favor del sector privado, acrecentada en los cargos de mayor jerarquía de la Administración Pública”, consigna la resolución, junto con advertir sobre las dificultades de movilidad laboral desde el Estado hacia el mundo privado.
La escala fija remuneraciones brutas únicas para las principales autoridades del país. Entre ellas:
- Presidente de la República: $10.269.076
- Ministros de Interior, RR.EE., Defensa, Hacienda y Segpres: $8.451.330
- Otros ministros de Estado: $7.642.942
- Gobernadores regionales: $8.154.184
- Subsecretarios de carteras clave: $7.490.083
- Otros subsecretarios: $7.107.936
- Delegados presidenciales regionales: $6.986.113
- Delegados presidenciales provinciales: $4.079.638
- Secretarios regionales ministeriales: $4.224.594
El contraste con la situación actual es significativo. En algunos casos, autoridades subalternas percibían sueldos muy superiores a los ahora establecidos. Un ejemplo citado en el debate es el del delegado presidencial regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, quien percibe más de $8 millones mensuales, incluso por sobre la remuneración del presidente Boric, según un análisis de La Prensa Austral.
Asesores bajo lupa
La nueva normativa también fija bandas estrictas para los asesores ministeriales y de reparticiones públicas, los que se dividirán en tres categorías: senior, asesor de comunicaciones y asesor junior, según experiencia y formación.
En un oficio enviado el 10 de diciembre pasado, la Comisión de Remuneraciones fue enfática: las escalas deberán cumplirse “al pie de la letra” por todas las instituciones del Estado a contar de marzo de 2026.
Para el cientista político Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, el efecto principal no será una estampida de asesores, sino un cambio en el estándar de selección.
“Más que cerrar la puerta, el nuevo sistema profesionaliza las segundas líneas. Se exigirá mayor trayectoria y experiencia efectiva en gestión pública. Puede generar tensiones en el corto plazo, pero en el mediano plazo ordena el mercado y refuerza la lógica técnica del Estado”, explica a EL DÍNAMO.
La visión de la Comisión
La vicepresidenta de la Comisión de remuneraciones, Patricia Arriagada, conversó con EL DÍNAMO sobre los desafíos de adoptar esta nueva pauta salarial. Al respecto aseguró que no se trata de bajar remuneraciones, sino que, por una parte, de regularizar las distorsiones que actualmente se presentan, dónde existen subordinados que ganan más que los jefes, como por ejemplo subsecretarios que perciben mejores rentas que los ministros y, por otra, de establecer un sistema que refleje la importancia, responsabilidad y relevancia de cada cargo y sus contextos.
“Tener un solo sistema para las altas autoridades del país, tiene por objeto estandarizar los estipendios que perciben, teniendo en cuenta que se trata de servidores públicos que ejercen funciones de similar categoría. Elimina distorsiones carentes de razonabilidad, simplifica los cálculos de las remuneraciones, se basa para su fijación en antecedentes técnicos y permite que las funciones se ejerzan con la debida independencia, como previene expresamente la Ley 21.603 que regula el funcionamiento de la Comisión”, detalla.
Arriagada recalcó que todos los profesionales incluidos en el artículo 38 bis de la constitución política de la república deben regirse sin excepción por el mismo sistema Y agregó que la facultad fiscalizadora del cumplimiento de los salarios establecidos en el nuevo gobierno quedará en manos de la Contraloría General de la República.
